El pleno del Parlamento rechaza, con los votos en contra del PP y la abstención de IU, una propuesta socialista encaminada a revocar, de forma inmediata, el acuerdo que obliga a la Junta a abonar 2,8 millones de euros a Microsoft para regularizar el uso del software propietario de 40.000 ordenadores.
El diputado socialista César Ramos lamenta que desde que gobierna José Antonio Monago se está llevando a cabo el "desmantelamiento" del software libre, una apuesta emprendida hace 10 años por los anteriores gobiernos socialistas que, añade, permitió la implantación de este sistema en 80.000 equipos, cada uno con un coste de 3 euros frente a los 300 que supone el propietario.
Ramos reprocha al Ejecutivo regional que achaque el pago de esos casi tres millones de euros a la gestión del anterior gobierno, pues "nada tiene que ver", al tiempo que asegura que no es verdad que el 97% de los equipos tuvieran software "pirata".
Desde el PP, la diputada Beatriz Villalba critica la "demagogia y cinismo político" del grupo socialista e indica que la "mejor solución" posible es pagar esa cantidad para cumplir con la ley y evitar un juicio que elevaría esa cantidad a más de 20 millones de euros que saldrían "del bolsillo de los extremeños".
En el debate pidió el turno de palabra el consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla, para criticar que se cuestione su última intervención en el pleno sobre este asunto pues se basa en "informes técnicos" y una auditoría.
Nevado-Batalla recoge el guante lanzado por el diputado de IU, Víctor Casco, de celebrar una reunión con la presencia de los grupos parlamentarios para analizar toda la documentación respecto a este asunto, ya que, a su juicio, hay "falta información".
El consejero critica también que el grupo socialista presente esta propuesta "sin haber pedido ni tan siquiera la documentación referida a la auditoría" y asevera que efectivamente "ha habido un consumo de algo que no se pagó".
