El Pleno de la Asamblea de Extremadura aprueba una propuesta de impulso del PSOE en la que se insta a la Junta a "normalizar la situación de los alumnos cuyas familias objetaron a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos".
Según la agencia Efe, la iniciativa parlamentaria socialista cuenta con el rechazo del PP y, en ella, pide a la Administración regional que se impulse "de manera decidida la implantación programada de dicha asignatura".
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ignacio Sánchez Amor, defiende la propuesta de impulso, en cuyo texto se subraya que el pasado día 28 de enero el Tribunal Supremo hizo público el fallo de una sentencia en la que se establece que no existe el derecho a la objeción de conciencia a esa asignatura. Agrega que esto "significa un claro y contundente varapalo contra quienes han querido convertir la educación en un instrumento de lucha partidaria".
Según Sánchez Amor, en la asignatura "no hay ningún tipo de adoctrinamiento" y remarca que "la Constitución tiene un sustrato normal" y el Estado "puede promover la adhesión de los ciudadanos a ese sustrato moral.
Sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, el portavoz socialista subraya que "la Administración ya ha pasado un filtro" y que hay siete niños en Extremadura que "siguen sin asistir a clase" y que deben hacerlo para evitar que sufran el perjuicio de los suspensos, máxime cuando "los chavales no son responsables de esta situación". De hecho, culpa de ello al PP y a sectores "retrógrados" de la sociedad.
Por su parte, el diputado del PP César Díez Solís, cuyo grupo presentó una enmienda de modificación a la iniciativa del PSOE, que la ha rechazado, en la que se instaba a la Junta a que, a su vez, pidiera al Gobierno "retirar los decretos que regulan la asignatura y se inicie una negociación para establecer un nuevo programa centrado en la Constitución y los derechos humanos", entre otras cuestiones.
Para Díez Solís, el Tribunal Supremo "propina un varapalo" al Gobierno y al PSOE al "impedir el adoctrinamiento" ya que "advierte" de estas "intenciones adoctrinadoras". Apostilla que la sentencia limita la asignatura a ámbitos como el de la Constitución y que "confirma el deber de neutralidad del Estado", máxime cuando aborda temas sobre los que no hay un "consenso" social.
