Javier Donoso, director general de Acorex entre los años 2002 y 2013, ha afirmado hoy que esta agrupación fue "moneda de cambio" entre el anterior Gobierno del PP e IU, y que se puso "gente allegada" al exdiputado de IU Alejandro Nogales y el exdirector general de Caja Rural de Extremadura Román Prieto.

Donoso ha comparecido ante la comisión no permanente de investigación abierta en la Asamblea sobre las actuaciones de la Junta en la Agrupación de Cooperativas de Regadío de Extremadura (Acorex) y en Caja Rural de Extremadura.

Ha señalado que en Acorex no se veían personas del PP sino que "se puso gente allegada a Nogales y Prieto", para añadir que los elegidos para ocupar los puestos directivos "no han sido los acertados" a tenor de los acontecimientos pues el grupo se encuentra en concurso de acreedores.

Sobre su dimisión, ha dicho que se fue porque le transmitieron que desde el Gobierno extremeño se había manifestado que si se iba "había financiación para Acorex", por lo que renunció al cargo, para recordar después que la injerencia política ha sido reconocida por el propio exconsejero de Economía Antonio Fernández y el excoordinador regional de IU Pedro Escobar.

Ante las acusaciones de que las cuentas no eran reales, Donoso ha defendido que "no tomaba ninguna decisión que no supiera el consejo rector" y que en ningún momento se falsearon los balances, al tiempo que ha recalcado que su "seguro de vida" son las auditoras y su equipo financiero.

Así, ha remarcado que no existe ninguna denuncia relacionada con la gestión financiera y que si se pone sería "una denuncia falsa".

Tras destacar que Acorex era la empresa más importante de Extremadura y que facturaba 250 millones de euros cuando él se marchó, ha considerado que la principal causa de que "una cooperativa se vaya al traste siempre es la confianza de los socios", algo que, a su juicio, ocurrió cuando las grandes cooperativas abandonaron el grupo.

En este sentido, cree que la estabilidad, la unidad y la paz social en Acorex se "rompe" cuando fuerzan su salida y se suceden los acontecimientos posteriores -con el nombramiento de José Gregorio Traver y Juan Luis Aceitón como presidente y director general del grupo, respectivamente-, para declarar después que Acorex hubiese seguido funcionando sin las "guerras" que ha habido.

Donoso, que dice haberse sentido "perseguido", ha reconocido, no obstante, que había "problemas financieros" debido a la crisis económica con la consecuente restricción general de crédito, la crisis particular del sector del porcino y algunas inversiones que no tuvieron el resultado esperado, para acabar reconociendo que "desde 2007 se necesitaban 50 millones para financiar al grupo".

Ha explicado que las dos inversiones que "más cuota de problema han dado en la financiación" son Acosierra, vinculada al sector porcino y ubicada en Granja de Torrehermosa, y la industria tomatera Tomcoex, situada en Miajadas, donde Acorex tenía un 21% de participación, un 39% la empresa pública Avante y un 40% el socio que "propuso Avante" y que luego entró en quiebra.

En este último caso, Acorex "peleó hasta la saciedad" para que "los créditos fueran mancomunados" pero finalmente avaló "el 100%" porque los bancos exigían que fuese el grupo el que "firmase solidariamente".

En la comisión de investigación ha comparecido también José María Monteagudo, exdirector general de Acorex desde 1985, año en que se constituyó el grupo, hasta 2002 y miembro del Consejo Rector desde enero de 2015.

Éste opina que "el talón de aquiles" del grupo ha sido la "gobernanza" y la "falta de independencia". "Entre todos la mataron y ella sola se murió", ha indicado Monteagudo, cuya opinión personal es que ha habido "injerencias hacia Acorex y desde dentro de Acorex que han intentando utilizar al grupo como correa de transmisión".

Por otro lado, Monteaguado ha afirmado que "influyó mucho" en el nombramiento de Donoso el que fue consejero de Economía socialista "Manuel Amigo" pero que hubiera ocurrido lo mismo con el PP: "El Acorex de aquel momento se hubiera echado en manos del Gobierno".

Por otro lado, ha indicado que en el balance de Acorex de 2014 se indica que "no se recoge la situación patrimonial real" del grupo y que "hay 30 millones de pérdidas no declaradas".

En su opinión, la inversión en Acosierra se "magnificó" y se hizo en un sitio "inadecuado", para él debería haber sido en Mérida, y en Tomcoex "hubo una concatenación de meteduras de pata" pues "se indujo excesivamente" que "se hiciera en la provincia de Cáceres", lo cual era una "barbaridad".

Ha mencionado que otro "problema" han sido las cooperativas de segundo grado, porque "no hay organización democrática detrás", para abogar por cooperativas "fuertes de primer grado"; y se ha mostrado "muy pesimista" con la situación actual de Acorex, pues "se ha roto la confianza" entre los que dirigen las cooperativas.