La directora general de la Función Pública, Carmen Vicente, defendió ayer la legalidad de la plaza conseguida por ella en la última convocatoria de provisión de puestos de trabajo singularizados de personal funcionario, un hecho que Podemos considera «no es ético ni estético». Carmen Vicente, que ha compareció en la Asamblea de Extremadura para responder a una pregunta de Podemos, aseguró que ha actuado «en el legítimo ejercicio de un derecho, conforme al ordenamiento jurídico y con pleno respeto» a la normativa. Así mismo explicó que su participación en este proceso se basó en una convocatoria previa a su acceso al cargo de director general.
Sin embargo, para el portavoz de Podemos, Alvaro Jaén, aunque el proceso sea legal «quizás no sea tan ético y tan estético» y lo consideró como un ejemplo más «de puertas giratorias y conexiones entre la administración y el PSOE».
En este sentido, quiso detallar casos como el de la exconsejera de Sanidad, María Jesús Mejuto; el del exalcalde de Salvaléon Salustiano Flores, nombrado gerente de Gexbidesa, el caso FEVAL o la elección del hermano del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para un cargo de dirección de los conservatorios de la Diputación de Badajoz. Para Alvaro Jaén, la sensación que tiene la gente tras casos como estos es que la administración «se ha convertido en un cortijo y que para poder entrar hay que tener algún tipo de padrino o madrina» y es «una ofensa para la gente que se presenta a las oposiciones» y por eso le pidió que renunciara al cargo.
La directora general relató que su nombramiento fue el 1 de agosto de 2015 y esta convocatoria se realizó el 20 de mayo de ese mismo año, además de señalar que en todo el proceso seguido y en la adjudicación no se produjo ninguna reclamación al respecto.
Carmen Vicente defendió que, al margen de su cargo actual, es funcionaria pública, con más de 18 años de antigüedad y más de 12 de permanencia en el puesto «al que accedí sin padrino y por un procedimiento de libre concurrencia», sostuvo. EFE
