La anulación del denominado impuesto ´ecológico´ de la Junta por parte del Tribunal Constitucional fue interpretada ayer de manera muy distinta por los portavoces de PP y PSOE. Los populares creen que el Ejecutivo regional tendrá que devolver a las empresas eléctricas los 156 millones de euros cobrados por este concepto, mientras que los socialistas destacaron que el Constitucional ha anulado una norma que ya no está vigente, informa Ep.
El secretario regional del PP extremeño, César Díez Solís, se mostró convencido de que las compañías eléctricas que operan en la comunidad reclamarán los 156 millones de euros que han abonado en concepto del impuesto regional que recogía la ley de medidas fiscales sobre la producción y el transporte de energías que incidan en el Medio Ambiente.
Díez Solís calificó de "varapalo" la sentencia del Tribunal Constitucional contra la norma que regula el llamado impuesto ecológico , que a su juicio es consecuencia de no hacer caso a los informes que creían errónea la medida.
Además, se mostró convencido de que las compañías eléctricas, que no son "hermanitas de la caridad", advirtió, reclamarán los 156 millones que han aportado --según el PP-- desde la aprobación de esta ley autonómico.
"Al final serán los extremeños quienes hagan frente a esta chapuza monumental de Ibarra", concluyó.
Por su parte, el portavoz de la Comisión Permanente de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura, Francisco Fuentes, destacó que la sentencia del Constitucional es una decisión "sobre una ley que ya no existe" y que en este tema el PP "actúa como el portavoz de las eléctricas".
Fuentes incidió en que "es un fallo bastante controvertido incluso dentro del Tribunal Constitucional, donde ha habido una exigua diferencia de votos, y manifestamos nuestra discrepancia aunque la acatemos".
