Incentivos económicos y profesionales vinculados a la carrera profesional para aquellos docentes "especialmente motivados, implicados e innovadores". Es uno de los aspectos que contempla la Ley de Educación de Extremadura, cuyo anteproyecto se ha aprobado esta mañana por el Consejo de Gobierno.

Se trata de un sistema de carrera profesional vinculado a la evaluación docente, según detalla la consejera de Educación, Eva María Pérez, que prevé que en dos semanas la normativa entre en la Asamblea de Extremadura para su debate parlamentario. Todo esto aún no está cifrado, aclara, ya que son complementos que se deben aprobar en la negociación con los sindicatos.

Además, por primera vez, insiste la consejera, se van a incorporar al currículum educativo cuestiones como la capacidad emprendedora y competencia emocional de los alumnos, "potenciando la imaginación", y se analizará en las aulas la empatía, autoestima y el control emocional de los estudiantes.

Asimismo, tal y como informó este periódico el pasado 13 de noviembre, fija que cada centro educativo tenga un plan de éxito escolar. Y es que esta es una de las piezas fundamentales de la nueva ley. "El alumno tiene el deber de estudiar y de esforzarse, pero el resto de la comunidad educativa es corresponsable para lograr ese éxito educativo", comenta Pérez.

Los idiomas

Otro de los objetivos que persigue la ley es la potenciación de los idiomas. Así, todos los centros deberan tener "al menos" dos lenguas extranjeras (el portugués se consolida como segunda lengua) y los centros que se construyan serán todos bilingües; es decir, impartirán el 40% de su currículum en una lengua extranjera.

El apoyo a las familias y al profesorado, la evaluación de los centros, la consolidación de las nuevas tecnologías, permanecer en el sistema educativo al menos hasta los 18 años, el incremento de los niveles de cualificación profesional, la igualdad de oportunidades para todos los alumnos y la autonomía de los centros educativos son otras líneas básicas de la ley.

Todo ello para "garantizar el derecho a recibir una educación pública con excelencia e igualdad de oportunidades", señala la consejera, ya que "todos los ciudadanos tienen el derecho al aprendizaje a lo largo de su vida, conciliando la vida familiar y laboral".