El Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya dos veces en contra del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como popularmente como plusvalía, y ha pedido al Gobierno una modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Una reforma que el Ejecutivo y la Federación de Municipios y Provincias (Femp) pactaron hace ya dos años, pero que sigue a la espera de ver la luz después de que la convocatoria de elecciones generales del pasado abril parara su tramitación en las Cortes.
En 2017, el tibunal consideró inconstitucional que la plusvalía tenga que pagarse cuando la venta de un inmueble o terreno se hace a pérdidas (algo que ha sido habitual en los años de la crisis), pero ahora también considera confiscatorio pagarlo si hay beneficio pero este es inferior a la liquidación del tributo.
El último Gobierno del PP ya aprobó un proyecto de ley para eliminar el pago de la plusvalía municipal cuando se transmite una casa a pérdidas. Llegó a convertirse en una proposición de ley, pero con la disolución de las Cortes en marzo para convocar las elecciones generales del pasado 28 de abril la iniciativa se quedó en standby, con el consiguiente perjuicio para los contribuyentes. El último trámite realizado fue la concesión de un plazo a la Comisión de Hacienda para la elaboración de un informe, en el que se encontraba la proposición de ley desde octubre de 2018.
Sin embargo, ahora esta iniciativa ha caducado y habrá que esperar a que algún partido político inicie de nuevo la tramitación para regular el impuesto siguendo el mandato del Constitucional e incluyendo ya los dos supuestos sobre los que se ha pronunciado. Una vez entre en vigor la nueva regulación, los ayuntamientos tendrán que adaptar sus ordenanzas.
