Al menos dos personas que habían sido condenadas por delitos de índole sexual han intentado trabajar en la región en ocupaciones que requieren el contacto con menores desde que comenzó a funcionar el Registro Central de Delincuentes sexuales, en marzo del 2016. Ambos casos se han registrado en la Consejería de Educación y se han detectado al resultar positivos los certificados de delitos sexuales que están obligados a solicitar quienes desempeñan este tipo de trabajos, desde profesores a sanitarios, pasando por monitores de actividades infantiles o cocineros de comedores escolares.

«En uno de los casos supuso el fin de la relación laboral preexistente y en el otro no se llegó a consumar siquiera la relación laboral, pues el aspirante, imaginamos que por ser consciente del resultado y los efectos de la certificación, se anticipó y renunció a su nombramiento como interino», señalan desde la Consejería de Educación, en la que, agregan, «por respeto a la intimidad de esas personas, no vamos a dar más detalles». Por lo demás, «hasta la fecha, en esta consejería, no tenemos detectada ninguna otra incidencia».

En este departamento se calculaba en marzo del 2016 que unos 21.000 trabajadores dependientes de él tendrían que solicitar el certificado. Hasta mediados de enero la cifra total de personas que lo han presentado —tanto personal docente, como no docente— asciende a 20.738. «Hay que tener en cuenta que casi cada día hay altas y bajas de personal», se precisa, ya sea por sustituciones a causa de bajas laborales o por nuevos empleados que remplazan a otros, por ejemplo.

La otra consejería más directamente afectada es la de Sanidad y Políticas Sociales. En ella el certificado es obligatorio en las categorías sanitarias pero también en otras de gestión y servicios, como celadores y trabajadores sociales por su posibilidad de contacto con menores. La estimación inicial aquí era que serían más de 10.000 los trabajadores para los que resultaría preceptivo conseguirlo. «Hasta la fecha no ha habido ningún caso de certificado positivo», se informa desde esta consejería. Respuesta similar a la dada desde la de Hacienda y Administración Pública. «No tenemos constancia de ningún caso en el ámbito de la Administración General», se remarca.

EN OTROS ÁMBITOS / No obstante, hay que tener en cuenta que, además de los empleados de la Administración autonómica también deben tener en sus manos el certificado favorable los de otros niveles administrativos —el municipal o el estatal— o los de entidades privadas y oenegés que de una forma habitual trabajen con menores, por lo que el número de positivos podría ser mayor.

Desde el Ministerio de Justicia se tiene contabilizada la emisión de 51.644 certificados en la región después de la puesta en marcha del registro. 31.621 de ellos en el 2016 y 20.023 en el 2017. En cuanto a la vía de tramitación, en estos dos años el mayor volumen ha correspondido a los tramitados por la Administración local y autonómica, con 43.158, mientras que los restantes 8.486 han sido gestionados a través de la gerencia territorial de Justicia en la comunidad autónoma.

No obstante, desde este ministerio se aclara que se trata de un dato aproximado, ya que hay que tener en cuenta que los ciudadanos pueden solicitar el certificado de delitos sexuales por diferentes vías tanto presenciales como electrónicas. De esta forma, alguien que lo hubiese solicitado desde el ordenador de su casa en cualquier localidad de la región no constaría en esta estadística. Igualmente, la solicitud presencial puede efectuarse en la gerencia que corresponda por lugar de trabajo, pero también en otras.

En cuanto al número de positivos que se han registrado, únicamente se facilita el dato nacional: 1.110 (534 en el 2016 y 576 en el 2017). La cifra por comunidades autónomas, se aduce, no se proporciona «por una cuestión de protección de datos».