Más del 21% de los hogares de la comunidad extremeña soportan un exceso de ruido procedente del exterior, una situación que puede llegar a vulnerar el Convenio Europeo de Derechos Humanos, según una reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo. La Asociación Extremeña de Afectados por el Ruido (Aedar) ha valorado muy positivamente esta resolución judicial, que a su juicio supone "un primer paso" para que se aplique la legislación "de forma efectiva y no simulada".

Dos de cada diez hogares extremeños --concretamente el 21,39% del total-- reciben un volumen de ruido procedente de la calle que sus habitantes consideran intolerable, según el último Censo de Población y Viviendas, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos del 2001. La tasa de hogares afectados por este problema alcanza el 23,96% en la provincia de Badajoz, mientras que en la de Cáceres es del 17,58%.

Aún así, la situación que se registra en Extremadura dista mucho de la que refleja el panorama nacional, puesto que el informe del INE eleva a más del 30% el número de hogares con exceso de ruido, lo que sitúa esta cuestión como una de las principales preocupaciones de los españoles. Las comunidades autónomas más afectadas son la Comunidad Valenciana, con un porcentaje del 37,16%, Madrid (36,17%) y Cataluña (34,28%).

LAS CAUSAS La baja tasa regional de hogares afectados se debe a que casi todos ellos se concentran en las principales ciudades, mientras que el problema es casi inexistente en la mayoría de los municipios de la comunidad. Además de los bares y discotecas, las motos y algunas industrias son los principales responsables de la contaminación acústica que soportan las viviendas.

Hace sólo dos días el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España por no actuar para evitar el alboroto que generan algunas discotecas en perjuicio del descanso de los vecinos, lo que se considera una violación del derecho del respeto del domicilio y de la vida privada y vulnera el artículo octavo del Convenio Europeo de Derechos Humanos que aborda este asunto.

Maribel Fernández, de la Asociación Extremeña de Afectados por el Ruido, celebró esta sentencia, que considera "un primer paso importantísimo" porque supone que a los afectados se les "está empezando a escuchar".

Fernández está convencida de que a partir de ahora cualquier reclamación de esta índole que llegue a los tribunales "se va a atender" debido a la nueva sensibilidad que hay en este sentido. Ahora el problema es "que los ayuntamientos parece que están dormidos, siguen pasivos" y no actúan para garantizar el cumplimiento de la actual legislación española.

En este sentido, recalcó que las indemnizaciones que se puedan aprobar siempre serán "simbólicas", porque los afectados "sufren daños que son incalificables". Por último, recordó que "el derecho al descanso está siempre por encima del derecho al ocio".