El Juzgado de Instrucción número 1 de Plasencia (Cáceres) ha abierto juicio oral a dos exalcaldes de Jaraíz de la Vera (Cáceres) y a los propietarios de un bar de esta localidad por no atender las múltiples denuncias por ruidos interpuestas por una vecina.

La denunciante vive encima del pub y desde 2004 hasta su cierre por orden judicial en el año 2014 ha interpuesto numerosas denuncias al sufrir unos niveles intolerables de ruidos en el interior de su domicilio emitidos por el citada establecimiento.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, estos ruidos han superado hasta el año 2014 los límites legalmente permitidos, "como se ha constatado" en los distintos informes emitidos tanto por la Junta de Extremadura como del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA).

Durante los años que se ha producido estos hechos, en el Ayuntamiento de Jaraíz se han sucedido en el cargo de alcalde José Agustín Tovar Sánchez (entre 2007 y 2011 y del PP) y José Bonifacio Sánchez Cruz (entre 2011 y 2015 y del PSOE).

Ambos, "a pesar de tener conocimiento de las emisiones de ruidos producidos por el bar", no solo por las denuncias interpuestas por la demandante sino también por el resultados de las mediciones oficiales, "no han adoptado medidas eficaces, idóneas y pertinentes para la protección del medio ambiente y la salud de los vecinos", según la Fiscalía.

De igual forma, el fiscal considera que ambos acusados, durante el periodo que han ejercido sus cargos, "han tolerado de manera activa una situación de contaminación acústica provocada por el bar que ha persistido durante años".

Como consecuencia de esta exposición prolongada a niveles de ruido estresantes, la denunciante sufre "síntomas somáticos y psíquicos como dolor de cabeza, mareos, alteraciones en el sueño, inquietud, nerviosismo, irritabilidad", por lo que recibe tratamiento médico.

Así, para los dos exalcaldes, la Fiscalía ha pedido una pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo publico y quince meses de prisión por un delito de prevaricación.

En el caso de los tres propietarios del local, el fiscal ha reclamado tres años y nueve meses de prisión por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente en concurso medial con un delito de lesiones.

Además, los cinco acusados deberán indemnizar de manera solidaria a la demandante con 7.000 euros por los daños morales causados.

Por su parte, el abogado de la demandante ha solicitado inhabilitación para los dos exalcaldes por diez años y cuatro años de prisión para los tres propietarios del local, y ha elevado a 100.00 euros la indemnización.