La recogida de la aceituna de almazara está en marcha y con ello vuelve el temor de los agricultores a los robos que el año pasado generaron un problema de seguridad al que se ha buscado poner freno con el decreto de trazabilidad en vigor. El texto obliga a todos los agricultores a portar un documento identificativo del producto que transportan (origen, destino, vehículo en el que se traslada...) y también impone a los puntos de recogida a gestionar un registro con todo lo que recogen. Nuevas reglas para un problema enquistado que temen que vuelva a estallar con el avance de la campaña. En menos de una semana se han sustraído más de 30.000 kilos de aceitunas, de ellos 15.000 de dos explotaciones agrícolas en Miajadas y la misma cantidad de un punto de recogida en Casas de Don Pedro desde el que se iban a trasladar a una almazara.

Este último robo marca lo que para las organizaciones agrarias puede ser un nuevo modo de proceder de los ladrones para esquivar el decreto de trazabilidad y piden que se «extreme» la seguridad.

Aunque la campaña está al 90% en zonas como Tierra de Barros, el grueso está comenzando ahora en Campiña Sur o Serena, donde están al 20%, y en zonas del centro de la región en torno al 30%.

«No ha habido robos hasta ahora porque la campaña se ha retrasado un mes, pero robos sí se están produciendo», afirma Antonio Prieto, responsable de UPA-UCE, que teme que la situación empeore en las próximas semanas.

Por su parte Juan Metidieri, de Apag Extremadura Asaja, asegura que por lo que les han trasladado en las zonas más tempranas de recogida «están conformes con el funcionamiento del decreto de trazabilidad. Ha sido bastante controvertido, pero parece que está dando sus frutos, especialmente en cuanto al control en los puestos de compra de dudosa legalidad, porque es bastante difícil que puedan comprar y eso ha influido en que disminuyan los robos», asegura Juan Metidieri, de Apag Extremadura Asaja. En todo caso fue a partir de estas fecha cuando la oleada de robos fue más intensa el año pasado y el temor a que se repita la situación está ahí. «Habrá que ver cómo va avanzando la campaña», dice Metidieri, que percibe «más coordinación» entre Policía y Guardia Civil.

vigilancia/ En todo caso Antonio Prieto cree que hay que intensificar los controles a la documentación que ahora se exige. «El decreto es una buena herramienta, pero debe ir acompañada de más cosas» y sitúa entre ellas «más presencia de la Guardia Civil controlando esa documentación, porque no tiene sentido que actúen cuando haya robos, deben actuar para evitar que los robos se produzcan», dice el dirigente de UPA. Indica además que los robos que se han producido este año, como el de Miajadas, se caracterizan por los «destrozos» que causan en las explotaciones que complican además próximas campañas.

En esa línea Juan Moreno, de COAG, advierte de los saqueos que han afectado ya a algunas zonas y de lo que parece «un cambio de tendencia» en cuanto al modo en que se producen esos robos «puesto que ahora, ante la dificultad de colocar el producto en las almazaras con le nuevo decreto de trazabilidad algunos de estos robos se están produciendo precisamente en las propias almazaras», lo que está generando cierta preocupación. «Si alguien roba es porque hay alguien que compra», subraya Moreno, que apela al control de las fuerzas de seguridad para incrementar la vigilancia en el campo.

Por parte de la Plataforma Ciudadana contra los Robos, de Navalvillar de Pela, que llegó a patrullar el año pasado cada noche organizada en grupos para vigilar las explotaciones de la zona, la tensión se mantiene. Por el momento la situación está más tranquila que hace un año, pero no se fían y siguen saliendo, especialmente en las noches de luna, para vigilar sus fincas. Están en contacto con la Guardia Civil y mantienen un servicio de seguridad privada que vigila también durante el día. «El decreto ha servido para disuadir a los puestos de fueron denunciados el año pasado para que no vuelvan a abrir», dice Antonio Masa, del colectivo ciudadano. Pero señala que eso no indica que no pueda haber robos «y que vendan lo sustraído en otras regiones».