La Asociación para la Gestión de Servicios Sociales de Extremadura, la antes conocida como DYA Servicios Sociales --aunque no tiene nada que ver con la organización de auxilio en carretera--, ha aplicado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 26 de sus 108 trabajadores. La empresa, que gestiona una quincena de pisos tutelados municipales en toda la región, asegura que es la única salida para poder garantizar la prestación del servicio en estos centros de atención a personas mayores.
La asociación comunicó la semana pasada a sus trabajadores que la autoridad laboral ha aprobado el ERE, de aplicación este mismo mes. Según había denunciado la Federación de Servicios Públicos de UGT, la empresa acumulaba retrasos en el pago de nóminas de los empleados de pisos tutelados de diversas localidades, entre ellas Ibahernando, Guadalupe, Villanueva de la Sierra y Pozuelo de Zarzón. Carlos Macías, gerente de la empresa, reconoce esos problemas: "teníamos dificultades de tesorería que hacían inviable pagar. Pero con la aplicación del ERE, la situación se subsana y podemos garantizar la continuidad del servicio y el abono de los salarios a nuestros trabajadores". Para hacer frente a los atrasos, la asociación ha pedido un crédito con el que pretende saldar esa deuda durante los próximos meses.
"Les deben al menos las nóminas de julio y agosto", explica Cristina Tomé, alcaldesa de Pozuelo. La localidad cacereña cuenta con 16 plazas en sus pisos tutelados, con siete empleadas y la gestión cedida desde hace un año y medio a la empresa que dirige Carlos Macías. El contrato caduca en mayo del 2011, pero la regidora avisa: "si los problemas se mantienen o se repiten, tomaremos medidas. Estos retrasos suponen una falta leve; otra más implicaría una grave y nos habilitaría a rescindir la adjudicación". Tomé espera no tener que llegar a ese extremo, "confiamos en que cumplan, porque durante el primer año han prestado un servicio fenomenal". Aunque reitera: "si hace falta retenemos la subvención y descontamos de ahí los salarios".
La ayuda regional a Pozuelo por sus pisos tutelados es de 5.000 euros mensuales. Según el contrato de cesión de la gestión, la cuantía se transfiere a la empresa para financiar la actividad del centro. Carlos Macías asegura que esa financiación es muy ajustada al coste del servicio. Por eso, ante cualquier imprevisto, surgen los problemas. El gerente explica: "la subvención está supeditada al número de plazas ocupadas, no a los recursos que tengas. Si dispones de recursos para gestionar un centro con una ocupación total, pero te encuentras que el 20 o el 30% de los pisos están vacíos, el servicio comienza a ser deficitario". En este sentido, asevera que la plantilla de 108 trabajadores con la que contaba antes de la aprobación del ERE "estaba totalmente sobredimensionada". "Es un problema heredado. La mayoría de los empleados ya estaban contratados antes de que nos adjudicaran los contratos", agrega.
También advierte de otras dificultades: "los pisos tutelados son para personas mayores con autonomía. Entran con buenas condiciones de salud y el servicio está pensado para atenderles en esa situación. Pero lo que suele ocurrir es que cuando llevan dos, tres o cuatro años se convierten en personas dependientes y eso dispara los costes". Además de la subvención, el centro ingresa entre el 65 y el 75% de la pensión de los usuarios.
ACUSACIONES UGT asegura que la situación ha llegado a ser extrema y los trabajadores han llevado alimentos o utensilios propios para cubrir la atención a los residentes. Carlos Macías dice que "no ha faltado nada, eso es prioritario". Cristina Tomé lo corrobora: "ahí no hay queja, no lo permitiríamos". "La atención se presta con normalidad", coincide Francisco Giraldo, alcalde de Ibahernando, donde hay 12 personas viviendo en unos pisos tutelados con capacidad para 21.
