El acuerdo alcanzado por las comunidades autónomas ribereñas del Tajo dota de "transparencia y seguridad jurídica" al trasvase Tajo-Segura y a todas las autonomías implicadas en él. Así lo aseguró ayer el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Junta, José Antonio Echávarri en una rueda de prensa ofrecida en Madrid junto al ministro Miguel Arias Cañete y sus homólogos de Castilla La-Mancha, Madrid, Murcia y Valencia. El consejero destacó el "consenso" logrado en torno a un "problema latente desde hace 20 años".
Este pacto alcanzado por las cinco comunidades dependientes del Tajo garantiza las necesidades de las cuencas cedentes y receptoras e impedirá el trasvase de agua si la reserva es menor a los 400 hectómetros cúbicos, en vez de los 240 actuales. Además, el acuerdo está recogido en ocho enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental, que el grupo popular registró la noche del martes en la Cámara baja. Echávarri señaló que "se ha vuelto a la senda" del consenso en torno al plan hidrológico nacional del 2001, que "por razones políticas de algunos territorios" no se llevó a cabo.
El trasvase Tajo-Segura, aseguró, "ha sido motivo de discusión durante las últimas dos décadas por no estar regulado en la planificación", por eso es de agradecer un pacto "en un recurso fundamental" como el agua. Así, gracias a este acuerdo "no habrá que discutir año a año cuántos hectómetros se trasvasan a Murcia y Valencia" y se asegura la planificación estatal de cuencas distintas, insistió Echávarri. Extremadura, como cedente y más alejada de la zona del trasvase es "una autonomía solidaria" con las comunidades que tienen necesidades.
