Ecologistas Extremadura anuncia que el Seprona y la Fiscalía han conseguido frenar la construcción ilegal en la comara de La Vera y La Serena sobre las que habían presentado denuncias. Según informa la agencia Europa Press, el colectivo denunció en julio del año pasado la presencia de múltiples construcciones ilegales en ambas comarcas, "la mayoría" realizadas en terrenos incluidos en la Red Natura 2000, pertenecientes al Lugar de Importancia Comunitaria de Sierra de Gredos y Valle del Jerte y a la ZEPA Embalse de Orellana y Sierra de Pela.

Estas construcciones "no constituían casos aislados", añade la asociación, ya que la organización extremeña denunció que "el número de edificaciones ilegales en estas zonas estaba completamente descontrolado, y que los infractores campaban en la más absoluta impunidad". "Las edificaciones se levantaban en plena naturaleza, a la vista de todo el mundo, realizando talas y movimientos de tierras ilegales sin que los ayuntamientos ejerciesen sus competencias urbanísticas para impedirlo".

Asimismo, apunta que "a las primeras denuncias del Guijo de Santa Bárbara siguieron las realizadas en Jarandilla de la Vera" y "a finales del mes de febrero se presentaron nuevas denuncias en Aldeanueva de la Vera, sumando un total de 43 en tan solo tres localidades". "Igualmente se han denunciado decenas de construcciones ilegales en municipios de Badajoz", entre las que destaca Orellana de la Sierra, Navalvillar de Pela y Puebla de Alcocer.

Pocos meses más tarde, el efecto de las denuncias ya es "visible", indica el colectivo, e indicó que las investigaciones llevadas a cabo por el Seprona, así como la diligente acción de jueces y fiscalía han llevado a declarar a los juzgados a varios representantes municipales. "Los servicios de urbanismo de Jarandilla de la Vera han dado orden de paralización incluso a obras que no habían sido denunciadas por el grupo ecologista". "Muchos de los promotores han sido llamados a declarar, y la fiscalía está instruyendo los casos para llevarlos a los tribunales, quienes pueden dictaminar el derribo de las edificaciones, sanciones e incluso cárcel para los promotores".

Con todo esto, Ecologistas Extremadura lamenta que se haya actuado tan tarde desde las corporaciones municipales, y se preguntan por qué los servicios de inspección que ahora parecen tan eficaces antes no lo eran. Además, el colectivo pone de manifiesto que lo denunciado hasta ahora es sólo pequeño porcentaje de lo existente, y que ya se encuentra en proceso de preparar nuevas denuncias. Por eso "espera que otros ayuntamientos de la región se tomen en serio esta problemática tan extendida". Por último, la organización recomendó a los ciudadanos que se informen bien antes de comprar cualquier finca rústica o lanzarse a construir, que valoren el impacto ambiental que puede generar su actuación y los perjuicios, muchas veces irreparables, para el medio ambiente extremeño.