Ecologistas en Acción y Adenex solicitarán al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) el derribo del complejo turístico Isla de Valdecañas en base al informe de la Estación Biológica de Doñana, dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
El TSJEx dictó en marzo de 2015 un auto en el que encargaba a esta estación biológica elaborar un informe para aclarar si efectivamente las aves han ganado en calidad de vida y si desde el punto de vista medioambiental es mejor mantenerlo o no, un informe que ya ha sido entregado a las partes.
La abogada de Adenex, María Ángeles López, ha explicado que aunque todavía está trabajando sobre la documentación recibida, las conclusiones del informe dejan claro "que entre mantenerlo o derribarlo, se declara claramente por su derribo, porque su impacto en el entorno sería del uno por ciento, nada comparable con el de mantenerlo".
No obstante, reconoce que lo que sí esta claro también es que devolver la zona a su estado anterior a la edificación "no merece la pena porque el impacto sí sería grande", por lo que la apuesta es "devolverlo a un estado natural no habitable".
María Ángeles López también ha explicado que a partir de ahora se abre un período de tres meses para hacer propuestas sobre como debería ejecutarse ese derribo "y que tipo de demolición sería la más adecuada", que será decididas de acuerdo con expertos y técnicos en la materia.
Este informe es un paso más en la historia de este complejo, sobre el que pesan dos sentencias judiciales: una del TSJEx de marzo de 2011 y otra del Tribunal Supremo de febrero de 2014 que declaran la nulidad del Proyecto de Interés Regional (PIR) aprobado por la Junta en 2007 y que permitió la recalificación de los terrenos para la construcción.
Ambas sentencias obligan al Ejecutivo extremeño a demoler lo construido y a restituir los terrenos a su estado original.
Ante esta situación, la Junta presentó ante el TSJEx un escrito en el que exponía la "inejecución de la sentencia" y entre los motivos que alegaba estaba el alto coste, unos 34 millones de euros sumando los gastos directos y el impacto sobre el empleo.
También lo justificó en que la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) sobre la que se construyó "tiene más vida y viven más aves ahora en ella que antes", algo que niegan las dos organizaciones ecologistas.
Por ello, el TSJEx dictó en marzo de 2015 el auto en el que encargaba a la Estación Biológica de Doñana elaborar el mencionado informe.
