Tras una década de lucha y con un cúmulo de fallos judiciales en contra, el futuro del complejo Marina Isla de Valdecañas aún sigue en el aire. Las principales organizaciones ecologistas del país ofrecieron ayer una rueda de prensa conjunta en Mérida para exigir a la Junta de Extremadura que de una vez por todas asuma sus responsabilidades en este tema y que en los próximos meses se inicien los trabajos para un derribo «sensato» de la urbanización, de acuerdo a la contundente serie de sentencias e informes científicos que así lo avalan. «Pocos casos son tan claros como el del Algarrobico extremeño», señaló el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo.

La Administración sin embargo, se mantiene en su posición de recurrir hasta las últimas instancias y no descarta ahora llevar el caso a la Unión Europea para que también se pronuncie. Los servicios jurídicos del Gobierno regional creen que las directivas europeas referidas a los hábitats y las zonas de especial protección de aves «no son tan restrictivas» como ha entendido el Tribunal Constitucional (TC) en la resolución que declara ilegal la reforma de la ley del suelo que el PSOE y el PP aprobaron en el año 2011 para homologar el proceso.

El Constitucional se pronunció sobre el tema a petición del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que es quien debe ratificar finalmente si esta reforma que se aprobó de forma exprés en el Parlamento regional se ajustó o no a la legalidad. El TSJEx tendrá que decidir también sobre la imposibilidad o no de ejecutar la sentencia que obliga a la Junta a demoler el complejo, pero antes de hacerlo abrió un periodo de alegaciones para que las partes implicadas (Junta de Extremadura, asociaciones ecologistas, el promotor del proyecto, las comunidades de propietarios y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo) se pronunciaran acerca de la resolución del TC.

Eso es precisamente lo que ha hecho ahora el Ejecutivo regional y según explican fuentes de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, si esas alegaciones relativas a las directivas de hábitats y zonas de protección de aves son admitidas por el alto tribunal extremeño, tendría que presentar una «cuestión prejudicial» ante la Unión Europea para que también se pronuncie. «El Ejecutivo autonómico trabaja en la defensa del interés general», señala la consejería.

EL MISMO RESULTADO / «Todo está claro, pueden alargar el proceso todo lo que quieran pero el resultado será el mismo», señaló al respecto el director de Greenpeace España, Mario Rodríguez. Este acusó a la Junta de seguir «una estrategia de engaño torticera» para no asumir responsabilidades y aseguró que «no hay argucia ni resquicio legal posible» que evite la demolición del complejo. «Al poder ejecutivo no le queda más que cumplir la ley», dijo Rodríguez, que al igual que otros compañeros exigió «responsabilidades políticas» por este caso porque «alguien dio permiso a esto sabiendo que era ilegal».

Sobre el coste de la demolición, el director nacional de Ecologistas en Acción, Paco Segura, aseguró que «ni por asomo» se alcanzarán los 34 millones de euros que la Junta apuntó en su día, una valoración que consideró «disparatada» porque «con actuaciones sencillas y sensatez» se puede ajustar el coste económico «a unas diez veces menos». Además, según señaló Mario Rodríguez, existiría la posibilidad de que la Junta y el Estado puedan compartir los gastos mediante la firma de un convenio, que es la fórmula que se ha seguido para el Algarrobico de Almería.

Los responsables nacionales de Ecologistas en Acción, Seo Birdlife, Greenpeace, Amigos de la Tierra y WWF ofrecieron ayer una rueda de prensa conjunta en Mérida para mostrar su apoyo al trabajo que en los últimos diez años han realizado Ecologistas en Acción Extremadura y Adenex en relación al complejo Marina Isla de Valdecañas. Todos coincidieron al destacar el «tremendo» coste humano que les ha supuesto «defender la legalidad ante una administración empeñada en defender un engendro planteado fuera de los límites legales y que ahora se ha puesto de perfil sin asumir sus responsabilidades».

Sobre la polémica por el derribo de Valdecañas también se pronunció ayer el colectivo de propietarios del complejo, que sostiene que la demolición solo conseguiría devolver el terreno a un estado peor del que ya estaba cuando era «un vertedero». Señala además que generaría un «terrible impacto» para la fauna y flora que han repoblado la zona y por ello se muestran abiertos al diálogo para una solución.