Las cajas de ahorro y entidades de crédito --cajas rurales-- que trabajan en Extremadura acometerán diversos cambios en su gestión para adaptar la normativa autonómica a la legislación estatal. Así, como novedades principales destacan la autorización que deben tener de los gobiernos autonómicos cuando traten de fusionarse entidades de distintas regiones, y la limitación al 50% la representación pública en cada uno de los órganos de gobierno. Esta normativa mejora algunos aspectos para evitar su privatización y respeta la independencia de estas entidades, según manifestó ayer el portavoz de la Junta, Manuel Amigo.

Estos cambios permitirán, a su juicio, evitar que se privaticen las cajas de ahorros y rurales de la región mediante el sistema de cuotas participativas, que "si no se cuidan bien podrían ser una puerta para una privatización".

Otro aspecto novedoso de la normativa es que se suprime la posibilidad de revocabilidad en los nombramientos de los miembros de los órganos de gobierno, que obligatoriamente deberán permanecer en sus cargos cuatro años, con la posibilidad de un segundo mandato por el mismo período.

Asimismo, el anteproyecto de ley recoge la obligación de las cajas de ahorro de elaborar y remitir a la Junta la memoria anual, y la posibilidad de realizar auditorías y de abrir delegaciones.

EXTRANJEROS Por otro lado, la Junta aprobó ayer un decreto que regula la protección sanitaria a los extranjeros que residan en Extremadura y crea la tarjeta para la atención sanitaria en el Sistema Sanitario Público Extremeño, con lo que los emigrantes empadronados en la región tendrán los mismos derechos sanitarios que los extremeños. A los no empadronados se les garantiza la asistencia pública en urgencias y ante los riesgos graves de enfermedad transmisible.

Otro acuerdo es ayudar con hasta 3.005 euros a los ganaderos que realicen la identificación electrónica animal.