Las dudas en Portugal sobre la conveniencia de construir su red de ferrocarril de alta velocidad (AVE) --incluida la conexión Madrid-Lisboa-- siguen creciendo. Si el primer partido de la oposición, el Partido Social Demócrata (PSD), ha abierto el debate social y político al oponerse a la ejecución del proyecto por considerarlo muy costoso, ahora una treintena de economistas y excargos públicos de relevancia (algunos socialistas) piden a su Gobierno que reevalúe la necesidad de acometer estas inversiones. Creen que no son prioritarias ni rentables dentro de la delicada situación por la que atraviesa la economía portuguesa.
La propuesta se ha realizado mediante un manifiesto, titulado Apelo à reavaliaçao dos grandes investimentos públicos (Llamamiento a la reevaluación de las grandes inversiones públicas) y firmado por personalidades como los exministro portugueses Arlindo Cunha (de Agricultura), Augusto Mateus, Daniel Bessa (ambos de Economía, Industria y Comercio; el último socialista), Joao Salgueiro (ahora presidente de la Asociación de Bancos de Portugal) o Luis Campos (exministro de Estado y Finanzas con José Sócrates, el actual jefe del Gobierno). En él defienden la necesidad de reorientar la política económica del país y dedicar los fondos de los grandes proyectos de infraestructura a cambios estructurales.
Concretamente, sobre los tres trazados de AVE contemplados por el Ejecutivo luso (Madrid-Lisboa, Lisboa-
Oporto y Oporto-Vigo), este grupo de expertos argumentan que no son prioritarios. "Es muy dudoso que puedan ser considerados como urgentes. Porque los fondos que absorberán pueden hacer falta para inversiones alternativas con efectos más positivos sobre la recuperación de la crisis actual", sostienen. Pero van más allá. Consideran que, de acuerdo con los estudios realizados para calcular la rentabilidad financiera y social de estas obras, su contribución a la mejora de la economía portuguesa será "muy pequeña", e incluso "negativa". En este punto recuerdan que varios informes previos avisan de que la explotación de estas infraestructuras durante los diez primeros años de funcionamiento --aún siendo mediante concesión a empresas privadas-- será insuficiente para rentabilizar económica y socialmente las inversiones.
Bajo el punto de vista de estos expertos, serán los contribuyentes quienes tengan que pagar esta inversión. Con el agravante --explican-- de que el Estado sigue endeudándose --la deuda pública supone el 67% de su PIB nacional (más de 40.000 millones de euros)-- y la inversión estatal sigue favoreciendo a sectores orientados al ámbito internacional, en lugar de fomentar la competitividad externa, el crecimiento y el empleo en los sectores más productivos.
CONDICIONANTES PROPIOS El manifiesto también defiende que la estrategia de expansión de la alta velocidad que acometen otros países de la UE no sirve para Portugal porque los condicionantes geográficos y económicos son diferentes. En este caso, aseguran que para España sí es un proyecto estratégico dado su mayor tamaño, la mejor situación financiera y porque contribuye a solucionar el problema de la cohesión territorial. De hecho, para este grupo de economistas y exresponsables públicos "es posible renegociar con España y la UE los compromisos existentes".
Por ello piden al Gobierno de José Socrates realizar nuevos estudios de viabilidad y priorizar el tren convencional de mercancías.
Pero no solo solicitan que se replanteen las inversiones en AVE. También otras como el nuevo aeropuerto de Lisboa. Y proponen que esos fondos vayan a reformar los sistemas de justicia y educación o la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. "Hay un conjunto de áreas donde la inversión pública puede reforzarse a corto plazo con efectos inmediatos, como la renovación del parque escolar y hospitalario, las infraestructuras tecnológicas, la recuperación del patrimonio cultural, el transporte de mercancías o la rehabilitación urbana", explican.
