El pasado mes de abril, la vigilancia de los diversos edificios de justicia de la región originó un enfrentamiento entre el Ministerio de Justicia, que inició un plan para "racionalizar" las medidas de seguridad existentes, y el sindicato mayoritario del sector en la región (CSI-CSIF), que denunciaba la reducción del número de vigilantes jurados así como de las horas asignadas desde el 1 de abril, "el mismo día que el ministerio hizo público que se incrementaba la seguridad en estos edificios", explicaba entonces el presidente de CSI-CSIF Extremadura en el área de Justicia, Francisco Tejero.
Fuentes del ministerio explicaban entonces que lo que pretendía su plan era sustituir lo que definían como "exceso de personal" por mejores sistemas de videovigilancia, con la premisa de "adecuar la vigilancia de cada edificio a las necesidades reales".
Según el sindicato, la sustitución de vigilantes por cámaras no contribuiría a incrementar la seguridad en los edificios de justicia. "Son los vigilantes y no las cámaras quienes podrán actuar si se inicia un altercado".
