Se pone fin a una demanda histórica en la comunidad educativa: los docentes interinos que tengan plaza vacante adjudicada para todo el año académico se incorporarán el día 1 de septiembre (como los docentes funcionarios) a partir del próximo curso 2021-2022.

La Consejería de Educación toma esta decisión tras dos sentencias judiciales firmes (una de CSIF correspondiente a la instrucción del curso 2017-2018 y otra de PIDE sobre un interino en concreto) en su contra que reconocen el derecho de estos interinos a ser contratados desde el primer día de curso. De esta forma, se evita «que se judicialice» otro curso y «se da certidumbre al colectivo», ha dicho hoy la consejera Esther Gutiérrez, quien añade que supone además una mejora laboral para estos docentes, la igualdad de oportunidades y redundará en la calidad de la enseñanza ya que beneficia a la organización del curso.

Pero más allá del próximo año escolar, la consejera también ha aclarado cómo acatarán las dos sentencias firmes y las causas abiertas por este tema aún pendientes. Aunque el pasado diciembre el secretario general de Educación avanzara que la decisión de la consejería iba a ser abandonar la vía judicial y aplicar de oficio las sentencias favorables en vista de que todos los recursos desde el curso 2017-18 iban en el mismo sentido, el pasado enero llegó un pronunciamiento en diferentes términos que ha cambiado la situación. El TSJEx admitía un recurso de la Junta contra la sentencia a favor de CSIF sobre la no incorporación de estos docentes el día 1 de septiembre en el curso actual (hasta ahora el TSJEx no había entrado en el asunto y lo derivaba al Supremo). «Esto nos ha colocado en un nuevo escenario que como administración no podemos obviar», ha señalado Gutiérrez.

Ante este último fallo, la consejería pidió un informe de la Abogacía de la Junta de Extremadura, en el cual se insta a cambiar la estrategia: continuar con la vía judicial hasta agotar la última instancia en cada uno de los procedimientos abiertos por esta causa que no son firmes (los referentes a los cursos 2018-19, 2019-20 y 2020-21 iniciados por CSIF, así como las extensiones de la sentencia lograda por PIDE). La consejera ha insistido en que respetan todas las decisiones judiciales «independientemente del sentido del fallo».

SIN RETROACTIVIDAD / Aseguró que acatarán por el momento los dos fallos que son firmes: uno de CSIF que afecta a 2.888 interinos con vacantes del curso completo durante el 2017-18 y otro de PIDE, referido a un interino en concreto al que se le reconoce los efectos con cuatro años de retroactividad y cuyo fallo ya se ha ejecutado en el demandante y se ha extendido a varios interinos. Esto supone que en este curso la Consejería de Educación va a reconocer a unos 2.800 docentes interinos los derechos que les corresponden por no haber sido contratados desde el 1 de septiembre tanto económicos (se calcula un desembolso de 1,7 millones de euros) como a efectos de méritos y baremación.

Para ello, explicó ayer que subirá al portal Profex información sobre el procedimiento y abrirá un plazo de siete días para aquellos que quieran renunciar a los derechos económicos (hay docentes a los que puede suponerle problemas el cambio).

La respuesta de los sindicatos es de satisfacción por lograr por fin la incorporación de los interinos en igualdad de oportunidad al resto de docentes, pero lamentan que la administración mantenga la vía judicial y no reconozca este derecho en otros años. «No hay excusa para que no cumplan», señala CSIF. «El Tribunal Supremo, suponemos en base a lo que ha legislado hasta ahora, seguirá dando la razón a CSIF por lo que esperamos que la siguiente sentencia avale las tesis del sindicato ante los tribunales para seguir lo que consideramos de justicia para el colectivo docente».

Desde PIDE lamentan que no se atienda la retroactividad que reconoce la justicia en la sentencia a su favor y que, a su juicio, fija una jurisprudencia clara. Por ello, aseguran que iniciarán un proceso para que todos los interinos en la misma situación puedan exigir la extensión del fallo ya firme y les sea reconocido el abono y los méritos de cuatro años. «Vamos a intentar solucionar esta injusticia». ANPE, por su parte, se congratula de que «se ponga fin a esta discriminación» y lamenta que solo se reconozca un curso.