Los alumnos extremeños cuentan ya con una nueva figura, la del mediador, para ayudarles a resolver sus conflictos en las aulas. El novedoso decreto de Educación, aprobado el pasado martes en el Consejo de Gobierno de la Junta y que ayer presentó la consejera del ramo, Eva María Pérez, prevé tres procedimientos para solucionar los casos más graves de indisciplina escolar.

Esta normativa considera gravemente perjudiciales para la convivencia de los alumnos situaciones como las agresiones físicas, las amenazas o las vejaciones. También se castigará el maltrato a las instalaciones. Para este tipo de situaciones se han establecido tres procedimientos de resolución: ordinario, abreviado y conciliado, los dos últimos novedosos.

En el proceso abreviado, el alumno, acompañado de un profesor, deberá presentarse ante el director, que informará a los padres y estos dispondrán de un plazo de tres días para presentar alegaciones. La figura del mediador, que puede ser cualquier miembro de la comunidad educativa y que tendrá voz, pero no voto, se incorpora en el procedimiento conciliado. Su tarea consiste en "transformar una situación traumática en una ocasión de aprender". El alumno podrá disculparse y realizar acciones para reparar el daño causado.

Ambos pretenden agilizar el modelo ordinario --con un plazo de una semana--, pero en cualquier caso los tres incluyen la posibilidad de imponer correcciones, como trabajos al alumno fuera del horario lectivo, cambiarle de grupo, vetarle la asistencia a determinadas clases (de tres a 15 días), expulsarle (entre tres días y un mes) e incluso cambiarle de centro.

NUEVAS TECNOLOGIAS El decreto también establece un régimen disciplinario para controlar el uso de las nuevas tecnologías en las aulas. De esta forma, el uso indebido de los ordenadores en clase puede conllevar la expulsión de los alumnos del centro educativo si se utiliza, por ejemplo, para realizar amenazas. Asimismo, utilizar internet para fines ajenos a los estudios puede ser considerado, según los casos, como una conducta "gravemente perjudicial para la convivencia", según Pérez. La consejera explicó que la conexión en red de los ordenadores puede provocar situaciones indeseables, como la ocurrida el curso pasado en un centro de Cáceres, donde un alumno envió "mensajes y amenazas" a una compañera de otro centro.

Es la primera vez que el "uso indebido de los medios electrónicos" en las aulas se regula mediante decreto y se centra en las nuevas tecnologías, más que en aspectos como el teléfono móvil, regulado ya desde el pasado año a través una instrucción de la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa. Este organismo establecía que eran los consejos escolares los que podían decidir sobre el uso del móvil en las aulas. Desde entonces, señaló Pérez, "muchos centros educativos han aprobado que los alumnos no vayan con móvil a clase".

La consejera reiteró que se trata de evitar los conflictos derivados de la utilización de las nuevas tecnologías en las clases, así como delimitar su uso. Además, destacó que "si se emplean indebidamente, el alumno sabrá que hay unas consecuencias graves".

Para "velar" porque todas las normas del decreto sean cumplidas, cada centro contará con una comisión de convivencia.

Por otro lado, la Carta de Derechosy Deberes del Alumnopretende que los valores que serecogen “impregnen la organizacióndel centro, de manera quelos alumnos perciban con rotundidady con claridad la incidenciade estos derechos y estos deberesen la vida del centro”, resaltóla consejera, que insistió enque el deber más importante delalumno es el de “aprovechar positivamenteel puesto escolar”.El decreto recoge 14 derechosde los alumnos, como son el derechoa la formación integral, aser evaluado con objetividad, ala igualdad de oportunidades, apercibir ayudas, a la protecciónsocial, al estudio, a la orientaciónescolar y profesional o a lalibertad de conciencia. Además,destacan los derechos de reunióny a la libertad de expresión,que se regulan por primera vez.También se recogen en estedecreto los deberes del alumno,ocho, como son el deber de estudiar,respetar la libertad de conciencia,respetar la diversidad,hacer un buen uso de las instalacionesdel centro, respetar elproyecto educativo del centro,cumplir las normas de convivencia,respetar al profesorado y alos demás miembros de la comunidadeducativa, y participar activamenteen la vida del centro.Pese a la introducción de estasnuevas normas, Pérez subrayóque la situación de conflictividadescolar en la región “noes grave”, e indicó que el pasadoaño se abrieron 57 expedientesdisciplinarios. Sin embargo, matizóque “quizá el número sea estepor todos los trámites quehabía que pasar hasta ahora” paradenunciar esos casos.