La reválida de Primaria sigue adelante con todas las consecuencias. La Consejería de Educación "al fin" recibió ayer por la mañana el requerimiento en el que el ministerio urge a ajustar el desarrollo de la prueba extremeña al decreto estatal bajo amenaza incluso de iniciar un contencioso-administrativo, pero el departamento que dirige Esther Gutiérrez desoye al Gobierno central y seguirá con sus planes porque "entrevé intenciones políticas por la poca consistencia de lo cuestionado". De esta forma, más de 10.400 alumnos de la región, todos los que cursan sexto de Primaria, harán la reválida el próximo lunes y martes.

El 7 de junio el Ministerio de Educación informó de que había enviado requerimientos a varias comunidades, entre ellas Extremadura, porque la regulación autonómica de la evaluación final de Primaria no se ajustaba a la normativa estatal, aprobada bajo el mandato de José Ignacio Wert. Una misiva que para el secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, "tiene poca base". "No está justificada jurídicamente; políticamente, quizá", afirmó ayer.

A su juicio, los dos temas que el ministerio cuestiona de la normativa regional tienen "poca consistencia y no son objeto de requerimiento formal": se cuestiona, por una parte, que la instrucción que la consejería envió a los centros educativos no establece que el modelo de prueba sea obligatorio, y por otra, que no se establezcan cuestionarios de contexto. En relación a lo primero, Rodríguez de la Cruz recordó que en el ejercicio de las competencias que le otorga a las comunidades el real decreto estatal y partiendo de la base de la autonomía pedagógica de los centros educativos, la consejería estableció que lo importante era que se evaluaran las tres competencias y que cada equipo docente fijara el instrumento para evaluarlas. "No obstante, propusimos un modelo", afirmó.

Sobre los cuestionarios de contexto, aseguró que la consejería ya dispone de estos instrumentos que miden el Indice Socioeconómico y Cultural (ISEC) de cada uno de los centros escolares por las pruebas de diagnóstico que se hicieron el curso pasado y que ahora se van a aplicar, tal y como dice la Ley, en la evaluación individualizada, aunque no se hayan publicado.

EVALUADORES INTERNOS Para el secretario de Educación, resulta "curioso" que el ministerio ya no se refiera a que los evaluadores tengan que ser externos, como dice la Lomce --la consejería decidió que los docentes de los centros se encargaran de las pruebas para ahorrarse los más de 100.000 euros que costaría movilizar a 600 maestros-- porque en los territorios de Ceuta, Melilla y en las comunidades del PP tampoco se fije que tengan que serlo.

A juicio de Rodríguez de la Cruz, si hubiese seguido el procedimiento habitual el Gobierno se podría haber ahorrado enviar el requerimiento porque se habrían aclarado las dudas, aunque ha supuesto que "había interés" en que se enviara. En cualquier caso, el responsable regional reiteró que los próximos 13 y 14 de junio Extremadura hará la prueba de sexto de Primaria según lo previsto, porque la carta del ministerio "no paraliza el acto administrativo". "Se ha tratado de crear alarma en los centros y en las familias, haciéndoles creer que tendría consecuencias negativas", afirmó Rodríguez de la Cruz, que quiso mandar un mensaje de tranquilidad a las familias, puesto que no afectará académicamente a la evaluación final de etapa. Si cuando respondan al requerimiento --la Junta tiene un plazo de 30 días para hacerlo--, el Gobierno considera que Extremadura sigue incumpliendo la ley, podrán continuar por la vía contencioso-administrativa, si bien al respecto Rodríguez de la Cruz consideró que "cuando pasen las elecciones esto se olvida".

Al secretario de Educación le "sorprende" que desde hace una semana el ministerio dijera que habían enviado los requerimientos, así como que en el caso extremeño se haya seguido un procedimiento diferente. Según explicó, en otras regiones, antes de mandar el apercibimiento, habían recibido una comunicación de la Alta Inspección en la que se pedía explicaciones sobre la normativa redactada, ya que no se atenía a la norma nacional. Sin embargo, Extremadura no ha recibido esa comunicación, a pesar de que lleva un mes constituida la instrucción que regula la evaluación de Primaria.

"Da la impresión de que el ministerio se ha visto obligado a hacer deprisa y corriendo el requerimiento sin cumplir el procedimiento habitual", dijo Rodríguez de la Cruz, que cuestionó que el documento tenga fecha de entrada pero no registro de salida, "algo raro" en un papel oficial. El secretario señaló además que el hecho de que el Gobierno haya tenido que enviar misivas a 14 de las 17 regiones, "de todos los colores", pone de manifiesto su "ineptitud e ineficacia" para gestionar la reválida.