El caso del alumno objetor de Educación para la Ciudadanía (EpC) en el colegio público Luis de Morales de Badajoz vuelve a ser objeto de debate, en esta ocasión, en la Asamblea de Extremadura ante la Comisión de Educación. Desde la Junta, el director general de Política Educativa, Felipe Gómez, respondió a la madre que ha promovido la objeción, Margarita Cabrer, que no existe en el ordenamiento jurídico español un derecho a la objeción de conciencia al currículo y que, en consecuencia, no puede dejarse de cursar válidamente esta materia. Además, ha resaltado que, según una sentencia del Tribunal Supremo (TS), es una "materia obligatoria cuya finalidad es educar al ciudadano".
El diputado del Grupo Popular, César Díez Solís, ha asegurado que el niño y su madre siguen deambulando por el centro durante el tiempo que se imparte esta asignatura, lunes y viernes a última hora de la mañana. En este sentido, ha lamentado que no se les permita hacer uso de la biblioteca u otro espacio libre en las citadas horas cuando a su hermano --también objetor de esta asignatura en un instituto de la ciudad-- sí se le ha cedido un espacio. Para Solís, quien ha echado en falta una solución ágil y eficaz, es un asunto que todavía está abierto y cuyo máximo responsable es la inspección educativa.
A este respecto, Gómez ha subrayado que la familia no está obligada a permanecer en el centro y que esta no ha solicitado "ni oralmente ni por escrito" el uso de las dependencias libres durante esos períodos lectivos. El diputado socialista, Antonio Gómez Yuste, ha ido un paso más allá al afirmar que "la madre utiliza a su hijo ideológica y electoralmente" ya que es una forma de promocionarse de cara a las próximas elecciones. Según él, pretende concurrir a la alcaldía de Badajoz bajo el partido Alternativa Española. A su juicio, con este caso el PP se pone en contra de la LOE y de la sentencia del TS y al lado de "una madre que se presta a la desobediencia civil".
