Educación no aplicará de oficio el primer fallo firme sobre la incorporación de los interinos desde el 1 de septiembre

Pero mientras llega ese momento, la administración regional ya ha tenido que acatar la primera sentencia firme al respecto que atañe a un interino en particular. Este recurrió a través de los servicios jurídicos del sindicato PIDE el retraso en su contratación que venía produciéndose año tras año desde el 2014. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Mérida le dio la razón el pasado 30 de marzo, pero la consejería no recurrió esa sentencia, por lo que se convirtió en un fallo firme y en junio la Dirección General de Personal Docente publicó una resolución para cumplir con el mandato judicial y reconocer a este interino su derecho a percibir y aplicar tanto el pago por los días que no fue contratado en septiembre como los derechos administrativos (como la experiencia docente) con una retroactividad de cuatro años.

Y con esta resolución ya en firme, el sindicato PIDE ha solicitado a la Consejería de Educación que se aplique al resto de interinos extremeños en la misma situación. Calcula que entre los cursos 2017/2018 y 2020/2021 serían un total de 3.180 docentes los que tendrían derecho a percibir los beneficios económicos y administrativos por no haber sido contratados desde el primer día de curso.

De momento, ya hay dos docentes interinas que han solicitado formalmente al juzgado, a través de PIDE, la extensión de esa primera sentencia firme. Y podrían ser más en los próximos días, ya que el sindicato asegura que está preparando «gratuitamente para los afiliados un documento de extensión de sentencia para que todos los afectados puedan exigir su aplicación».

El sindicato ha calculado que reconocer cuatro años de retroactividad a esos más de 3.000 docentes que podrían solicitar la aplicación de esa sentencia, supondrían a la administración regional más de cinco millones de euros, más otros 1,3 millones solo por el actual curso escolar.

Esta primera sentencia firme señala que es ilegal y discriminatorio contratar a los docentes interinos con varios días de retraso respecto a los funcionarios de carrera en base directivas y sentencias de la Unión Europea. Y también cita la primera sentencia de un juzgado emeritense, que en junio del 2018 dio la razón al sindicato CSIF y declaró nulo una resolución de la Consejería de Educación que hacía referencia al septiembre anterior.

Ese fue el primer pronunciamiento judicial en la región sobre la incorporación de los interinos y desde entonces el sindicato CSIF viene recurriendo año tras año la decisión de la Consejería de Educación de no contratar a los interinos desde el inicio de curso, es decir, desde el 1 de septiembre. Estos recursos los interpone como organización sindical y no con un caso particular como el fallo firme logrado por los servicios jurídicos de PIDE.

NUEVO AUTO / No obstante, la justicia sigue dando la razón también a CSIF. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) acaba de ratificar la sentencia de un juzgado emeritense sobre la resolución de incorporación del curso pasado (2019/2020), lo que supone una nueva victoria para el sindicato, que ya cuenta con tres sentencias a su favor reconociendo el derecho de los interinos a incorporarse el 1 de septiembre, ratificadas posteriormente por el TSJEx con otros tres fallos.

Todos ellos han sido recurridos por la Junta de Extremadura que, de nuevo, anuncia que llevará también al Supremo este último auto del TSJEx. «La postura de la Junta de Extremadura es la de esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie»., señala la administración. Por lo que de momento, no extenderá de oficio ni el fallo firme logrado por un interino representado por PIDE ni aplicará las sentencias ganadas por CSIF, que según apunta ya afectarían a todo el colectivo de internos y «no sería necesaria la extensión».