Educación permitirá a los centros extremeños hacer su modelo de reválida o una prueba propia

En ambos casos, las pruebas que deberán hacer 10.400 alumnos de 12 años los días 13 y 14 de junio tienen que medir el grado de adquisición de tres competencias básicas: comunicación lingüística en lengua castellana y en inglés (el día 13) y matemática y competencias en ciencia y tecnología (el día 14).

Esta es la principal demanda de la Consejería de Educación a los colegios mientras deja en sus manos la elección final. "Los centros determinarán el instrumento de evaluación que, como complemento a los datos recogidos en el proceso de evaluación continua durante el curso, permita la comprobación del grado de adquisición de las competencias referidas", señala la instrucción. Argumenta que este margen de libertad es una muestra de la confianza que tiene en los docentes. El modelo de las pruebas diseñado por la Junta será remitido a través de mensajería en bolsas de seguridad que no se podrán abrir hasta el día de aplicación.

La orden que ya está en todos los colegios insiste en que la prueba será de carácter interno, desarrollada y corregida por los maestros de cada centro --aunque la LOMCE establece que sea externa-- y sus resultados no se utilizarán para el cálculo de promedios del centro.

Para ponerla en marcha cada centro debe constituir en un plazo de cinco días --desde hoy-- una comisión de evaluación final, formada por el director, el jefe de estudio, un maestro de inglés y los tutores de los grupos de sexto que se encargará de decidir el instrumento de evaluación y de aplicar, entre otras, cada una de las pruebas. Este órgano deberá estar en contacto con la Comisión Regional de Seguimiento de la evaluación final que la consejería creará para garantizar la objetividad de los resultados con los que se elaborará en Rayuela un informe individual del alumnado.

Tras las críticas sindicales, la consejería señaló ayer que con esta instrucción se da "seguridad y certeza" a los centros, aunque algunos sindicatos consideran que sigue habiendo dudas y todos lamentan la fecha escogida. Los responsables sindicales que ayer sondearon a los directores de varios centros estiman que la gran mayoría de los colegios realizará el modelo de prueba que la consejería tiene previsto enviar a los centros. "Creo que optaremos por utilizar el material que nos manden porque a estas alturas del curso no podemos asumir más carga de trabajo y dedicarnos ahora a hacer unos exámenes propios. Estamos desbordados con el final de curso, la llegada de nuevas tecnologías, los cursos de adaptación,... Esta prueba debería ser como la de 3º de Primaria, todos el mismo cuestionario para que sea más uniforme", señala el director del colegio Gabriel y Galán de Cáceres, Francisco Tello. "Hasta que no haya consenso político en la educación siempre estaremos tirandonos la pelota unos a otros como ha pasado en este asunto", dice.

Desde PIDE consideran que la instrucción arroja algo más de luz sobre lo que hasta ahora solo eran solo declaraciones y critica que el peso de la organización de esta prueba recae principalmente sobre los hombros de los directores que debe asumir una carga de trabajo extra en el peor momento, a final de curso.

Para ANPE "la instrucción no solamente no aclara ni exime responsabilidad a profesores y docentes, les traslada la elección de utilizar las pruebas elaboradas por la Administración a través del modelo de prueba (MPEC) o la que el centro considere, lo cual es un dislate impropio de una Consejería de Educación, y un incumplimiento voluntario y contrario al Real Decreto 1058/2015 por el que se regulan las características de las pruebas de la evaluación final de Primaria, que habilita a las Administraciones pero señala la obligación de aplicar la misma prueba y del mismo modo en todos los centros, pues en caso contrario pierde su sentido".

Por su parte, el sindicato CSI-F recomienda que los centros realicen el modelo remitido por la consejería y critica el retraso en la publicación de la instrucción, la fecha escogida y la incertidumbre generada. Lamenta que la decisión sobre el desarrollo de la prueba sigue estando en manos de los centros.

También desde UGT insisten en que la consejería debería haber sido más clara y haber impuesto un único modelo de prueba porque "no puede traspasar a los centros la responsabilidad de esa decisión". A su juicio, la orden remitida está "incompleta" porque sigue habiendo dudas sobre la participación e implicación del profesorado en esta evaluación, sobre la compensación --económica o no-- que deberían recibir los docentes.

Para CCOO, sin embargo, la instrucción es la esperada y considera positivo la autonomía de los centros para elaborar sus propios exámenes dentro de unas normas básicas: "cada centro tiene su contexto y sus particularidades y eso tiene un peso importante a la hora de evaluar al alumnado".