La Junta de Extremadura pagará el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los ayuntamientos "al día" a partir del 2017 y el abono de la deuda actual, de "millones de euros", se aplazará durante siete años, según el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.

Gallardo y su homóloga de Cáceres, Charo Cordero, se han reunido hoy en Mérida con el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, para hacer un seguimiento de los convenios que tienen en marchar y abordar otros nuevos.

Entre ellos, se ha tratado de formalizar un acuerdo entre el Gobierno regional y los Organismos Autónomos de Recaudación (OAR) de Badajoz y Cáceres para cuantificar la deuda y diferir el pago durante siete años, según ha informado Gallardo al término de la reunión.

Los presidentes de ambas diputaciones han planteado el problema del IBI a Fernández Vara, que se ha mostrado receptivo, ya que es el primero que quiere resolverlo y no generar más deuda, han subrayado Cordero y Gallardo.

En la reunión también han hablado de un proyecto de infraestructuras rurales centradas en el deporte para 2017 y 2018, de la estrategia de economía verde que planteó Fernández Vara en el debate sobre el estado de la región o de un convenio para poner en valor los palacios de congresos de Plasencia, Villanueva de la Serena y Cabrero, en este caso aún sin terminar.

La gestión de estos tres espacios se cedería a los ayuntamientos y la financiación a largo plazo la asumirían los ayuntamientos y las diputaciones afectadas, y la Junta.

También se ampliará a la Diputación de Cáceres el convenio que se firmó con la de Badajoz, que ampliará de siete a doce los puntos de atención.

Gallardo ha destacado la "plena colaboración" que existe desde hace un año entre las tres administraciones, un "antes y un después" porque se ha trabajado de forma "muy coordinada" y porque se han alcanzado "grandes retos" para mejorar la vida de la gente.

Como ejemplo ha puesto del convenio con el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), que que permite mejorar infraestructuras y crear otras nuevas que generan empleo y ayudan a fijar población, y el del Plan de Empleo Social, que da más oportunidades a la gente que se ha quedado fuera del sistema laboral.