Afronta su segunda legislatura al frente de la Sanidad extremeña, tras un periodo anterior donde la asunción de competencias marcó un antes y un después en sus responsabilidades de gestión. Afirma que el reto ahora pasa por primar la calidad y lograr un sistema público lo más autosuficiente que sea posible.

Cuando se asumieron las competencias, pidió a los extremeños un año de margen. Han pasado 18 meses. ¿Cómo valora lo realizado hasta ahora?

--En aquel momento, nos marcamos dos objetivos: hacer el cambio de gestión con normalidad, sin que el ciudadano sufriese las posibles distorsiones, y creo que lo logramos, e invertir la tendencia, para sacarle todo el rendimiento posible al sistema, y pienso que las cifras de aumento de consultas e intervenciones apuntan a que lo estamos consiguiendo. También ha mejorado el trato a las personas, con iniciativas como la cita centralizada, que se va a extender a otras áreas, las residencias para familiares, que también se generalizarán, y el cumplimiento progresivo del compromiso de habitación individual.

¿Y a partir de ahora?

--En esta segunda etapa no sólo tenemos que hacer más, sino hacerlo mejor. Es difícil que el próximo año pueda presentar otra vez cifras de fuerte incremento de consultas o de operaciones, porque es complicado subir mucho más, pero sí podemos mejorar la calidad y utilizar mejor los recursos. Así, tenemos que apostar por cuestiones como que la primera consulta sea más resolutiva y evite citas posteriores, o potenciar la cirugía ambulatoria, para acortar las estancias hospitalarias.

Respecto a las listas de espera, ¿qué valoración hace de los últimos datos?

--En general han bajado, pero sigue habiendo situaciones inaceptables, y concentración en tres especialidades, que es nuestro reto. Lamentarse no conduce a nada, hay que dar respuestas, y en eso estamos.

¿Por qué no le gusta la idea del PP de marcar un tiempo máximo y, si no, el paciente iría a la privada?

--En primer lugar, porque así se pierde el control sobre el sistema y se rompe su universalidad. Se estaría en manos de terceros, ya fuesen los ciudadanos o algunos profesionales. Volveríamos a una situación donde los especialistas que trabajaban para el sistema público se iban al privado para ganar más dinero trabajando en conciertos con el sistema público. En segundo lugar, significaría renunciar a resolver los problemas internamente.

¿Entonces cuál es la solución?

--Habrá una ley que marque los tiempos, pero en función de la prioridad de los procesos, porque no se puede marcar una política homogénea en algo que no lo es. No es lo mismo esperar por un juanete que por una artrosis de cadera que tiene a la persona inmovilizada. Así, cuando se superen los tiempos de espera máximos para cada proceso, nosotros decidiremos dónde va el paciente, que puede ser a otro hospital público o, por qué no, a un centro concertado, al que se exigirán las mismas condiciones, porque quien quiera concertar no podrá competir con menos costes que supongan menos seguridad.

¿A qué responden los cambios de estructura en su consejería?

--Por una parte, en lo que se refiere a Atención Sociosanitaria, a que asumiremos parcelas que ahora están en Bienestar Social, como la atención a las personas dependientes. Otro objetivo más genérico es la integración de las políticas en el SES, puesto que consideramos que el problema sanitario no sólo es asistencial, sino que va mucho más allá, y tiene que abordar aspectos como los programas de prevención. También hay que profundizar en las gerencias de área como centralizadoras de todos los niveles, desde la primaria hasta la especializada, pasando por la salud pública.

¿Por qué, siendo un problema de tanta magnitud, no se pagan los tratamientos para dejar de fumar?

--Eso es algo que hay que plantear, pero como prestación del Sistema Nacional de Salud. No creo positivo que cada cual establezca sus prestaciones, porque la tarjeta sanitaria tiene que valer para lo mismo en todos sitios. De ahí que insistamos en que se promueva una ley estatal y estos programas se introduzcan en el sistema debidamente financiados, porque creo que, a la larga, ahorraría muchos costes al sistema público.

¿Y las operaciones de cambio de sexo, que eran uno de sus compromisos más llamativos?

--Y se cumple. Lo que no se puede tener es una unidad especializada para una demanda tan baja, pero a todo aquel extremeño que quiera cambiar de sexo, el sistema público se lo paga y se le hace donde hay recursos para ello, porque esta operación no es ningún capricho.