Las empresas eléctricas que operan en la región tendrán que aplicar de oficio el descuento del 20% en la factura mensual cuando los clientes sufran un apagón de una hora. Así lo incluirá el reglamento que en un plazo de tres meses desarrollará la Ley de Protección de la Calidad del Suministro Eléctrico, según avanzó el director general de Ordenación Industrial, Energía y Minas, Alfonso Perianes.

Perianes, que compareció ante una comisión del Parlamento extremeño, anunció que la Junta lleva desde finales de enero --cuando el Constitucional levantó la suspensión cautelar de la norma-- trabajando en el decreto que desarrollará la norma.

En estos momentos el proyecto del decreto está en manos del Consejo de Consumidores de Extremadura y de las Cámaras de Comercio, tras lo que pasará al Consejo Consultivo para que emita su informe previo. Entre otras cosas, este decreto regulará el sistema de pago del aval, los sistemas de control a utilizar o cómo se ejecutarán los descuentos del 20% en la factura.

Por lo que se refiere a la situación actual del suministro en la región, Perianes señalaron que "ha mejorado sensiblemente". En las áreas urbanas, Cáceres tiene una calidad del servicio eléctrico superior a la media nacional, mientras que Badajoz y Mérida están por debajo.

Las zonas semiurbanas --que engloban las localidades de entre 2.000 y 20.000 contratos-- están mejor que el nivel medio estatal. El problema, reconoció el director general, está en las áreas rurales, "que están peor que la media".

GRANDES SUPERFICIES En la misma comisión compareció Leopoldo Gutiérrez, director general de Comercio, quien avanzó que el Gobierno regional elaborará en el futuro planes de equipamientos comerciales "que van más allá, porque marcarán a cuatro años por dónde va a ir el suelo comercial y ni siquiera habrá que hacer los actuales estudios previos". Se trata, señaló, de "una especie de mapa" que indicará las zonas donde pueden instalarse los nuevos comercios.

Gutiérrez dejó claro que el Gobierno extremeño no "tiene una postura radical" sobre la instalación de grandes superficies comerciales. Así, explicó que "no hay moratoria y no hay prohibición terminante, se pueden autorizar siempre que cumplan unos requisitos". Es decir, que no se prohíbe nada "pero tampoco caemos en la liberalización total del comercio". Y es que desde la aprobación de la Ley de Comercio se han aprobado seis proyectos de centros comerciales, mientras que actualmente otros siete están siendo estudiados.

Por otra parte, señaló que de forma paralela se están potenciando los centros comerciales abiertos en los centros históricos de las ciudades, y el de Plasencia es el que está más avanzado.