Una de cada cuatro inspecciones que realizan las principales compañías eléctricas que operan en Extremadura detecta una práctica irregular. Durante el año pasado descubrieron casi 2.000 enganches a la luz ilegales en distintos puntos de la comunidad y advierten de que el fraude no solo supone un daño para las compañías sino para todos los ciudadanos en general y, en particular, para las personas que viven en los entornos en los que se registran estas prácticas fraudulentas.
Además de gastos económico que se cargan a los vecinos, los enganches ilegales también son causa de interrupciones en el servicio eléctrico en determinadas poblaciones. «Esta práctica provoca saturación de las redes, ya que quienes se enganchan de forma fraudulenta provocan su sobrecarga por lo que actúan las protecciones que estas infraestructuras tienen por motivos de seguridad», explican fuentes de Endesa.
Desde esta compañía aseguran, además, que «una manipulación de las redes y su posterior saturación pueden provocar una descarga a quien manipula, incendios, fundir fusibles y afectar a la normalidad del suministro eléctrico».
INVERSIÓN / Esta compañía gestiona las redes de distribución eléctrica en la provincia de Badajoz, donde abrió el año pasado un total de 309 expedientes por fraude. «La energía defraudada en estos casos registrados es la equivalente al consumo eléctrico de dos semanas de una ciudad de la dimensión de Almendralejo», explican desde Endesa, que en los últimos tres años ha invertido cerca de 200.000 euros solo en la repación de instalaciones dañadas por los enganches ilegales. Por eso, aseguran, existe una acción coordinada con las fuerzas de seguridad para poner fin a estas prácticas y garantizar el suministro de calidad a sus clientes. En los primeros meses de este año ya se han llevado a cabo cuatro actuaciones, dos en Badajoz y otras dos en Almendralejo, especifican.
También es una lucha que mantiene la compañía Iberdrola en el conjunto de la comunidad, donde detectó durante el año pasado más de 1.600 prácticas fraudulentas, entre ellas enganches ilegales, en las 7.300 inspecciones llevadas a cabo durante todo el 2019. La detección de esos fraudes permitieron a Iberdrola recuperar 6.268 MWh. La compañía garantiza además que en la situación actual de lucha contra el coronavirus, Iberdrola no realiza cortes de suministros.
Las empresas distribuidoras de energía realizan frecuentemente labores de detección y regularización de las posibles situaciones de fraude en la red, pero no es un asunto que les preocupe solo a las compañías, sino también a las administraciones públicas. El incremento de las pérdidas que se derivan de los enganches ilegales y las manipulaciones de los contadores suponen también un recorte de los ingresos regulados del sistema eléctrico que puede poner en riesgo el equilibrio económico del sector y, además, repercuten de forma directa y significativa en el bolsillo de los consumidores que sí pagan su factura.
El contador de la luz es la ‘caja negra’ que registra la actividad de una empresa o domicilio y que marca los consumos. Por eso, para emitir la factura solo hay que mirarlo y ver los números que indica. Al compararlos con la última lectura, con una simple resta, se ve con claridad cuál ha sido el consumo que se ha realizado. La mayoría de los fraudes se basan en trucar el contador o en realizar un enganche ilegal y, en este último caso, lo que se hace es cargar el consumo (y la factura) a un vecino.
Un defraudador cada vez más profesional
El perfil de defraudador eléctrico en España se ha «profesionalizado» en los últimos años, al igual que la metodología y herramientas de las empresas distribuidoras, capaces de detectar el 100% de los casos de fraude. Según señalan las compañías eléctricas, «la mejora de nuestros sistemas y la utilización de técnicas analíticas de big data nos permiten la detección de estas situaciones de forma muy precisa y eficiente». De hecho, se observa una tendencia que explica cómo con menos inspecciones se detectan más irregularidades y se localizan más rápidamente.
Según las mismas fuentes, el 99% de la energía defraudada en España se origina en el sector residencial de gran consumo, el sector servicios y el industrial. Unos datos que constatan que estas situaciones solo se presentan de forma puntual en viviendas habitadas por familias en situación de vulnerabilidad.
Pero el fraude, además de estar penado en el Código Civil, también puede suponer otro coste más allá del económico. Las conexiones ilegales a la red eléctrica y las manipulaciones de los contadores conllevan un elevado riesgo para la seguridad e integridad física de las personas, ya que se realizan al margen de la legalidad y de la normativa técnica vigente, sin los requisitos de seguridad necesarios, recuerdan las compañías.
