La patronal eléctrica Unesa pone en duda la constitucionalidad de distintos impuestos de carácter medioambiental que autonomías como Extremadura, Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha ya aplican y que "son el preludio de su generalización al resto de comunidades", según un análisis de la entidad que recoge Europa Press.

A juicio de Unesa, tanto el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente de Extremadura como los impuestos sobre la producción de energía nuclear y el almacenamiento de combustible nuclear de Castilla-La Mancha "podrían ser declarados inconstitucionales", tal y como ya ocurrió en el caso balear. Además, las eléctricas consideran que los impuestos de emisiones de gases aprobados en Galicia, Castilla-La Mancha y, más recientemente, en Andalucía "tienen visos de inconstitucionalidad".

En su opinión, estos tributos no actúan con la contundencia suficiente como para favorecer la reducción de emisiones contaminantes, con lo que parece que su única finalidad es meramente recaudatoria, gravando instalaciones o actividades económicas ya sujetas o al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o al de Actividades Económicas.

COMPETENCIAS Esta situación supondría invadir las competencias en materia fiscal reservadas al Estado o a los municipios, en contra de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas (LOFCA).

Asimismo, Unesa considera que este tipo de impuestos podrían conculcar el principio constitucional de libre circulación de personas, bienes y capitales en España así como el artículo 9 de la LOFCA.

En este punto, advierte de que la "gran distorsión" que estos impuestos provocan en los precios del kilovatio hora en el mercado de producción de energía eléctrica, con efectos sobre la competencia, y una excesiva presión fiscal podrían impulsar el cierre de instalaciones.