Paula --así se hace llamar una empleada del hogar que prefiere no desvelar su identidad-- tiene 63 años. Ha decidido no trabajar más tras 28 años de asistencia en hogares extremeños. Su jornada era de tres horas durante un día a la semana --cuatro al mes-- y su sueldo rondaba los 120 euros. Durante las tres décadas que ha ejercido no ha estado dada de alta. Josefa --este nombre también atiende a una identidad ficticia--, en cambio, si está dada de alta. Ahora ya tampoco ejerce porque se dedica a la asistencia de ancianos, pero ha contabilizado diez años amparada por el Ministerio de Empleo. Lo único que reprocha de esa etapa es que "siendo asistenta no tienes horarios".
Josefa y Paula representan las dos realidades de un oficio que aún genera cierta controversia legal. Josefa es la cara y Paula, la cruz. Esta última es testigo de una situación que se repite con frecuencia entre las profesionales que se dedican a la asistencia de hogares en Extremadura y que admiten no estar afiliadas a la Seguridad Social.
La extremeña reconoce que lamenta no haber estado asegurada porque ahora podría disfrutar de la retribución de sus años cotizados, pero asegura que cuando empezó a trabajar no tenía reconocido ese derecho y ha mantenido su misma rutina durante este tiempo por una cuestión de inercia. "Ahora me pesa, regresas de trabajar y es como si no lo hubieras hecho", asevera. Motivos como el de Paula, el miedo a perder la oportunidad de trabajo por la competencia de precios o el simple desconocimiento de la ley que regula su oficio condicionan que a día de hoy una elevada cifra de asistentas de hogar no tengan sus derechos reconocidos.
Otra de las causas que tienen como consecuencia que las trabajadoras renuncien a darse de alta cuando trabajan reside en otra cuestión que trasciende al miedo. Según pone de manifiesto a este diario Isidra Carrasco, secretaria de Igualdad y Mujer de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO, la principal causa reside en la "necesidad", no obstante, resalta que algunas trabajadoras prefieren trabajar en negro, bien porque ahorran los costes en favor de su sueldo y en beneficio también de su empleador o también, porque así pueden obtener ingresos alternativos sin necesidad de declararlos. "La picaresca también existe en la profesión", asevera Carrasco y lamenta que aunque las trabajadoras piensan que es "favorable" para ellas en cuanto a sueldos, "a largo plazo les perjudica y a la hora de reclamar derechos cuando tienen problemas también".
De acuerdo a las cifras que recoge el sindicato UGT, en la región casi un 50% de las empleadas de hogar no están dadas de alta. Según apunta a este diario Rafael Cañete, vicesecretario general de la Federación de Servicios del colectivo sindical, "muchas empleadas del hogar o no están dadas de alta o por otro lado lo hacen por un número de horas menor a la jornada que desempeñan". El sindicato lamenta la situación de "semiesclavitud y precariedad" de este sector y reclama medidas para solucionar la situación. En la actualidad y según la última actualización de los datos de noviembre de 2015 de la Seguridad Social (Ministerio de Empleo), al régimen especial de empleadas de hogar se acogen 5.503 profesionales -- 2.164 en la provincia de Cáceres y 3.139 en la provincia de Badajoz--.
A pesar de la ley que regula los derechos de las empleadas de hogar de 2012 y que obliga a que las trabajadoras estén dadas de alta, el representante sindical sostiene que "la precariedad del sector se mantiene así en relación a hace cuatro años" y añadió que el Gobierno central en su última legislatura "recortó los derechos de la normativa y regresó a una situación similar a la del 2011".
EN TIERRA DE NADIE Con respecto a la posibilidad de detectar y corregir la situación de las empleadas que trabajan al margen de la ley, Cañete apunta que es una tarea "compleja" debido a que el oficio se reduce al hogar familiar y la Inspección de Trabajo tiene limitaciones para actuar sin un dictamen judicial. Por un lado, apunta que es "muy difícil" contrastar si trabaja en ese hogar y por otro, si realmente hace las horas que refleja como aseguradas, cifra que no se cumple en muchos casos, reprocha Cañete.
Lamenta, además, que la situación se agrava en el caso de las trabajadoras inmigrantes, una cuarta parte del total de empleadas del hogar de la región. En ese sentido, el Ministerio de Empleo calcula en sus últimos balances que de las 5.303 trabajadoras de la región, 982 pertenecen a otro país --256 a países de la Unión Europea y 726 a países que no pertenecen a la Unión Europea--. En cuanto a los países de procedencia, se encuentran a la cabeza Rumanía (157), Bolivia (102), Honduras (93), Marruecos (72), Portugal (71) y Brasil (64).
Con respecto a las demandas que exige el sindicato UGT para la mejorar la situación de las trabajadoras se encuentran el derecho de prestación por desempleo, el alargamiento del plazo para obtener una baja, o el cobro de una paga extra igualitaria en relación a la del resto de trabajadores.
