Todas las estadísticas apuntan al paro como el principal problema que denuncian los jóvenes. En Mérida se reúnen estos días especialistas de varios países que enseñan proyectos innovadores en favor del empleo juvenil. Las dos experiencias que se relatan seguidamente son ejemplos de esas iniciativas, pero en entornos que dificultan aún más esa labor.

El 59% de los jóvenes ecuatorianos de entre 15 y 29 años vive con menos de un dólar al día (0,67 euros), la población ha llegado a soportar hasta hace apenas siete años una inflación del 100% (en la actualidad es del 2,68%) y apenas el 25% de los jóvenes acaban el colegio. Con este panorama un grupo de personas trabaja en este país latinoamericano para ayudar a salir adelante a jóvenes campesinos, indígenas y afroecuatorianos.

Uno de estos emprendedores ecuatorianos es Iván García, director de la escuela de formación empresarial del Grupo Social Fepp de Ecuador, que opera en 23 de las 24 provincias del país, y cuyos 350 técnicos han apoyado a más de 65.000 familias pobres desde que comenzara a trabajar en 1970.

"Nuestra organización les facilita créditos, formación profesional a jóvenes, acceso a la tierra, les ayuda en la producción de alimentos, en la comercialización de sus productos, en conseguir agua potable y para riego, o en la construcción de viviendas", asegura. Para ello, primero le prestan la formación adecuada para que los campesinos puedan crear microempresas (cada año forman a 5.000 personas) después les facilitan un crédito y más tarde asistencia técnica para prosperar sin abandonar su zona de residencia, un aspecto fundamental.

Ese trabajo les ha llevado a facilitar empleo a 15.000 jóvenes en diez años, y a dar 8.116 créditos por 20 millones de dólares.

A miles de kilómetros de distancia trabaja Inmaculada Soria, una de las responsables del programa Renacimiento . Su objetivo es sacar de un futuro nada claro a los jóvenes que viven en barrios con problemas de convivencia y respeto al entorno de Los Colorines (Badajoz), La Data (Plasencia), Aldea Moret (Cáceres) y San Lázaro (Mérida). Son zonas con mucho paro, escasez de estudios y dependencia de prestaciones sociales.

Allí, 140 personas menores de 30 años (el 90% de ellos sin graduado escolar) aprenden peluquería, albañilería, electricidad, jardinería o pintura. Un 40% de ellos ya están en disposición de trabajar.

Les hacen contratos de un año "para hacer obras de mejoras en sus barrios", pero no solo se trata de generar empleo, dice, sino de "mejorar su calidad de vida, su autonomía y respeto al entorno".