Las ventas de las estaciones de servicio extremeñas han caído un 15% durante los cuatro primeros meses del año, lo que ha obligado a los empresarios a llevar a cabo "importantes" reducciones de plantilla, según la Asociación Regional de Estaciones de Servicio de Extremadura (Aresex).

Su presidente, Casto Bravo, ha dicho que los descensos en 2013 son "muy preocupantes", puesto que, con ellos, las gasolineras suman ya un 30% menos en ventas en relación a mayo de 2011.

Ha expresado que muchas gasolineras de la comunidad están "al límite de sus posibilidades", cerca del cierre, pese a verse obligados a reducciones de plantilla o a la sustitución de contratos fijos por medias jornadas.

En su opinión, estas situaciones, que se dan tanto en ámbitos rurales como en ciudades como Badajoz, son "lógicas" porque los empresarios "ya no logran ingresos suficientes para poder pagar a todos sus empleados".

Si se tiene en cuenta que hay unas 250 estaciones de servicio en la comunidad, el máximo responsable de Aresex alerta de que la reducción de empleos es "importante" para la economía de la comunidad autónoma.

Bravo ha dicho que esta situación viene generada por la crisis económica, que influye en factores como la menor utilización del vehículo particular, la reducción en la actividad del sector transporte, o la caída de la obra pública y del movimiento de materiales.

Además, mientras el precio del petróleo "está bajando", esta situación "no repercute" en la venta al público del carburante -pues son las petroleras quienes "marcan" el precio-, como expresa el máximo responsable de Aresex.

Bravo confía en que el Real Decreto del 4 de diciembre de 2012 -que habla de una "revisión" de los contratos firmados entre petroleras y gasolineras- permita hablar a los empresarios de las estaciones de servicio de "tú a tú" con las petroleras a la hora de fijar precios.

Esta situación puede generar un "nuevo panorama" pues el propietario de una gasolinera podría presionar a la petrolera para que bajara los precios, dentro "de un orden" y si las condiciones económicas lo hicieran preciso.

Este real decreto obliga a la revisión de los contratos antes de final de este año, según ha matizado Bravo.