Los empresarios piden medidas que palien la subida del salario mínimo

La patronal extremeña pidió ayer a las administraciones públicas que tomen medidas para paliar el «quebranto» que ha supuesto la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para las empresas adjudicatarias de contratos públicos. Según explicó el secretario general de la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (Creex), Javier Peinado, esta subida «unilateral y sin negociación alguna» ha supuesto «un duro golpe» para muchas empresas extremeñas al incrementarse notablemente los costes salariales y sociales sin que tal aumento haya sido derivado de una mejora de la productividad y de la cifra de negocio.

«El riesgo real de que muchas empresas no puedan soportar este incremento de costes y se vean obligadas a realizar despidos o, incluso, al cierre, tiene una vertiente aún más peligrosa: el caso de aquellas compañías que resultaron adjudicatarias de concesiones de prestación de servicios o ejecución de obras por parte de la administración antes de esta subida», manifestó Peinado mediante un comunicado.

Según el secretario general de la Creex, dichos contratos de concesión recogían en sus pliegos unas previsiones en lo referente a costes laborales que se han visto «totalmente alteradas al alza» desde el 1 de enero de 2019. Así, la elevación del SMI a 900 euros «rompe el equilibrio financiero necesario en estos contratos», lo que puede conllevar a que la prestación no se realice en los niveles de calidad y eficacia exigidos o a que la empresa cargue con el sobrecoste con el riesgo de ir a la ruina y el cierre.

IMPOSIBLE SOLUCIÓN / Por este motivo, las empresas concesionarias se enfrentan a un dilema de «imposible solución». O siguen adelante con el contrato y trabajan a pérdidas con todo lo que ello supone, o renuncian a este y entonces se enfrentan a un expediente de resolución largo y complejo, además de a posibles indemnizaciones o a no poder contratar con la Administración durante cierto tiempo.

Ante esta situación, la Creex ha instado a la Junta de Extremadura, las diputaciones y los ayuntamientos a buscar una solución que evite «males mayores». Esta solución, la menos mala, podría ser la resolución de los contratos aplicando la “cláusula de progreso normativo”, es decir dejar sin efecto el contrato sin que ello penalice a la empresa concesionaria y volver a realizar la licitación con un pliego que ya recoja la subida del SMI.