La Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (Creex) ha mostrado su "rotundo rechazo" al anteproyecto de Ley Sobre Medidas Tributarias y Administrativas de Extremadura, porque entiende que "castiga el ahorro, el trabajo y el consumo", y porque no va a mejorar los ingresos, ya que la caída de la actividad económica va a llevar a que se sigan deteriorando las cuentas públicas.

La patronal critica la medida porque se presenta en un momento de crisis y "no hará otra cosa sino empeorarla", debido a que castigará el empleo e impedirá un acercamiento de la renta per cápita de los extremeños en relación a la media española y europea. La Creex trasladará a la Junta a principios de septiembre un análisis en el que concluyen que se elevan prácticamente todas las tasas y se establece una diferencia de tributación con respecto a otras comunidades autónomas.

Asimismo, señalan que si se incrementa el IRPF, este traerá como consecuencia un desincentivo al trabajo y una mayor tasa de paro, y, a su vez, una disminución de la capacidad adquisitiva de las rentas medias y mayor tendencia a la deslocalización de la actividad económica.

DEDUCCIONES En su nota de prensa, añaden que las deducciones establecidas en varios artículos son "puro maquillaje" para disfrazar el auténtico objetivo de esta ley, que es incrementar el impuesto de la renta en el tramo autonómico. A su juicio, las deducciones son positivas "para aquellos que pueden aplicárselas", pero ni compensa el incremento ni supone una ayuda relevante para emprender negocios ni para aumentar la familia.

En cuanto al impuesto de sucesiones y donaciones, la Creex opina que "bastaría decir que los ciudadanos extremeños se mantienen como de peor condición que los de otras comunidades y va a producir una deslocalización de personas y empresas". También se refieren al incremento del impuesto a los depósitos en entidades financieras, "que supone un agravio y un perjuicio para el ahorro".

A su juicio, el instrumento idóneo para mejorar los ingresos públicos es el control del gasto público corriente y reformas estructurales en la prestación y eficiencia de los servicios públicos.

Aseguran, además, que una modificación de esta naturaleza se debería haber analizado y consensuado en el grupo de trabajo acordado en el Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura, para la realización de la estrategia fiscal, y que la reforma tenía que consistir en bajar impuestos, reducir los tipos para que se creen más empresas y más puestos de trabajo, "por lo que todos pagaríamos menos".