Las empresas que sean sancionadas por una infracción muy grave a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no podrán optar a concursos públicos, y su sanción será expuesta públicamente en un registro. Esta es una de las medidas recogidas en el V Plan de Actuación de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la Prevención de Riesgos Laborales (2008-2011).

Este plan fue firmado ayer por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Miguel Bernal y Julián Carretero, y por el vicepresidente de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEx), Pedro Castro.

Está dotado con casi 30 millones de euros, recoge un total de 80 medidas, entre las que se encuentra el compromiso de elaborar una normativa que permita publicar las sanciones impuestas a las empresas por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, y entre sus consecuencias impedirá al infractor optar a concursos públicos.

El objetivo es reducir la siniestralidad laboral en la región, a pesar de que Extremadura registra la tasa de incidencia de accidentes mortales más baja entre las comunidades autónomas, con el 4,8 (se han registrado 4,8 accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores de la región), mientras que en España el índice se eleva a 5,8 y en la Unión Europea se reduce a 4.

Este dato no supone un "consuelo" para el presidente de la Junta de Extremadura, quien comentó tras la firma del documento que su objetivo es reducir los accidentes mortales hasta los niveles de la UE, para lo cual debe producirse una reducción en un 19% de los casos registrados, 13 durante el año 2007.

Para Guillermo Fernández Vara este "razonable y ambicioso" tiene el reto de "hacer del empleo un elemento de emancipación personal sin merma de la seguridad personal".

El acuerdo, contempla medidas novedosas como un plan voluntario para empresas que tendrán un trato preferente por parte de la Inspección de Trabajo, ayudas para llevar a cabo el programa, asistencia técnica y de seguimiento.

La construcción contará con un tratamiento diferenciado, debido a que los trabajadores de este sector tienen hasta tres veces más posibilidades de accidentarse que en cualquier otro, y que el accidente sea más grave. Para ello, se contará incluso con la colaboración de la Guardia Civil, gracias a un convenio suscrito el pasado mes de octubre entre la Delegación del Gobierno y la Junta de Extremadura para vigilar el cumplimiento de las medidas en obras.

En servicios se atenderá a riesgos emergentes como el envejecimiento de la población, las exigencias emocionales en el trabajo, el desequilibrio entre la vida laboral y personal, o las nuevas formas de contratación laboral e inseguridad en el puesto de trabajo. También se contemplan medidas para los autónomos, ya recogidas en su nuevo estatuto, relativas a la formación en prevención de riesgos en función del sector al que pertenezcan.

Para cumplir estas medidas se duplicará el número de técnicos de inspecciones en centros de trabajo de la región.

A pesar de la reducción de las cifras de siniestralidad, tanto patronal como sindicatos hacen un llamamiento a la "toma de conciencia" del conjunto de la sociedad para erradicar este problema, e incluso instan a los empleados a exigir más a sus empresas.