Las empresas públicas están canalizando parte del endeudamiento de las comunidades autónomas frente a los criterios de reducción del déficit y contención de la deuda que el Gobierno ha impuesto a las administraciones regionales. Así se desprende de los datos publicados por el Banco de España, organismo que, sin embargo, sitúa al tejido empresarial de la Junta de Extremadura entre los que poseen un menor volumen de pagos pendientes. En concreto, las empresas públicas de la comunidad cerraron el ejercicio 2010 con una deuda de 18 millones de euros, muy lejos de los casi 1.500 millones que deben las sociedades de la Comunidad de Madrid, los 3.000 millones de la Comunidad Valenciana o los 7.800 millones de las empresas adscritas a la Generalitat de Cataluña.
Desde el ámbito académico, investigadores como el profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional a Distancia (UNED) César Colino vienen advirtiendo del gran crecimiento experimentado por este tipo de entidades públicas en los últimos años. Entre los motivos, apunta a la necesidad de prestar nuevos servicios o la búsqueda de una mejora de los criterios de eficiencia y eficacia; pero también advierte de que constituye una forma de "huir" del control administrativo, presupuestario y de endeudamiento, ya que este tipo de sociedades públicas pueden obtener financiación en los mercados con fórmulas que no computan como déficit publico.
En el caso extremeño, los 18 millones de euros que deben las empresas públicas de la región están acaparados casi totalmente por Urvipexsa, que se dedica a la promoción de vivienda protegida. "Necesita pedir préstamos para desarrollar esas promociones y después se pasa las hipotecas a los compradores", explica María Dolores Aguilar, vicepresidenta segunda de la Junta y consejera de Economía, Comercio e Innovación. Además, hay pequeñas partidas --no detalladas ni por el Banco de España ni por la Junta-- correspondientes a la Academia Europea de Yuste y las sociedades que gestionan los proyectos logísticos e industriales Expacio Navalmoral y Expacio Mérida. Según Aguilar, el resto de entidades está libre de deudas.
Comparado con otras comunidades, solo La Rioja y Murcia cuentan con unas cifras de endeudamiento de sus empresas públicas inferiores a las de Extremadura --en el caso murciano ni siquiera hay deuda--. Y la situación se mantiene si se analizan los valores en relación al número de habitantes de cada región o a su nivel de riqueza --PIB--. Así, las sociedades públicas extremeñas apenas deberían 16 euros por cada ciudadano, mientras que la media nacional está en 369 euros y en Cataluña llega a 1.039 euros por habitante, 60 veces más que en Extremadura.
EL O,1% DEL PIB REGIONAL En esta misma línea, los 18 millones que adeudan las empresas de la Junta apenas suponen el 0,1% del PIB regional, frente a la situación del resto de regiones, que superan con mucha diferencia ese dato. Solamente la Región de Murcia y La Rioja están por debajo. El récord en negativo lo tienen las sociedades públicas de la Comunidad Valenciana, cuya deuda equivale al 3% de la riqueza de su territorio.
Una de las razones de esta gran disparidad de endeudamiento reside en el diferente grado de desarrollo y peso económico de las empresas públicas en cada comunidad autónoma. Así, por ejemplo, mientras Cataluña cuenta con unas 450 entidades empresariales ligadas a la Generalitat, en Extremadura solo hay 76, según los últimos datos del Banco de España, que incluye en ese listado a organismos autónomos, entidades públicas empresariales, entes públicos, agencias, consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles. Solo en La Rioja hay menos (32), mientras que el resto bordea o supera el centenar de organismos instrumentales --que es como se les designa en el ámbito administrativo--.
Desde la Junta, María Dolores Aguilar apunta hacia otra explicación para el caso extremeño: "no endeudarse es uno de los criterios de gestión que estamos implantando en nuestras empresas".
