La Junta, la Universidad de Extremadura, la Asamblea... George Freeman, activista por los derechos del colectivo LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) de Sierra Leona, visita estos días Extremadura, acompañado de la Fundación Triángulo, para concienciar sobre la situación de este colectivo en Africa. En muchos países, como el suyo propio, "vas a la cárcel por ser gay", ejemplifica. Incluso puede correr peligro tu vida. Lo sabe con la certeza de quien hace poco tuvo que huir, acompañado de dos compañeros de su organización Pride Equality (en español, Igualdad del Orgullo), tras recibir amenazas y agresiones, y ha solicitado asilo en España.

A sus 26 años, Freeman, que en Sierra Leona estudiaba Derecho, acumula un importante historial de activismo en favor del colectivo LGTB. Casi toda su vida, si se tiene en cuenta que siempre se supo diferente y nunca se plegó a lo que su familia o en el colegio esperaban de él. "Prefería jugar con las niñas, lo que me provocaba el rechazo de los niños, pero también de ellas". En la sociedad africana, asegura, la marginación a los gays es bastante generalizada: "En general, se piensa que no es algo propio de nuestra cultura, sino importado del mundo occidental". Incluso hay quien cree, advierte, "que la homosexualidad se puede contagiar".

Activista desde niño

A partir de su experiencia como colaborador, antes usuario, de programas humanitarios en Sierra Leona (que en la década de 1990 sufrió una cruenta guerra civil), fundó en 2007 el primer proyecto en defensa de los derechos LGTB, la asociación Whycantwegetmarried (en español, Por qué no nos podemos casar?), que luego renombró con el más discreto título de Pride Equality. Con los socios y trabajadores que iba sumando, desarrolló varios proyectos de investigación y difusión sobre los derechos de los gays y lesbianas, aparte de otros acerca de la educación sexual y el VIH.

Pero no es fácil trabajar por los derechos de un colectivo que incluso está perseguido por la ley (la homosexualidad, como el bestialismo, está castigada por una antigua norma colonial nunca derogada). A medida que Pride Equality se daba a conocer, crecía la presión contra ellos. Cuando Freeman participó, con otros compañeros, en un programa de radio en un pueblo, un grupo de gente vino a buscarles con machetes. Cuando salieron en una emisora nacional, sus propias familias les repudiaron y comenzaron las agresiones y las amenazas de muerte. Cuando un diario inició una campaña en su contra tras participar en un proyecto financiado por la Fundación MTV, el activista, con otros dos socios, decidió abandonar el país y pedir ayuda.

Con el apoyo de la Fundación Triángulo y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Freeman logró llegar a España, donde ha solicitado asilo. Aún está en periodo de adaptación, pero no ha querido esperar para comenzar a difundir su mensaje de denuncia de las dificultades de los gays y lesbianas en Africa, lo que le ha traído estos días a Extremadura.

"Donde quiera que esté, me gustaría ser libre para continuar aumentando la conciencia internacional sobre la protección de los derechos LGTB y la retirada de leyes homofóbicas en Africa", señala. En esa misma línea, la vicepresidenta de la Fundación Triángulo de Extremadura, Silvia Tostado, abogó ayer por sumar voluntades para defender estos derechos, antes de mantener un encuentro con el coordinador de Relaciones Institucionales de la Junta, Juan Parejo. Tostado explicó que esperaba un "compromiso de apoyo" para realizar trabajos en este campo desde el ámbito de la cooperación internacional, informa Efe.

Parejo, por su parte, destacó la valentía de este activista y la importancia de que la sociedad conozca los ataques a los derechos humanos que se producen en otros países de la mano de quienes lo sufren en primera persona, para lo que destacó el papel "fundamental" de la cooperación internacional, según recoge el Gobierno regional en una nota. El coordinador de Relaciones Institucionales aseguró que Extremadura es una región respetuosa con los ciudadanos LGTB y consideró que "cualquier sociedad que no tenga en cuenta a todos sus miembros independientemente de su edad, sexo, renta y orientación sexual, es una sociedad incompleta", sentenció.