No solo las bajas por contingencias comunes han experimentado un considerable descenso con la crisis económica. También lo han hecho las incapacidades temporales derivadas de accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales. Si en el 2007 el promedio de procesos de este tipo que se iniciaban al año en la región era de 1.626 y la incidencia mensual por mil trabajadores protegidos de 5,25, el año pasado acabó con 775 y 2,9, respectivamente, con lo que los descensos acumulados rondan en ambos casos el 50%.

No obstante, desde la Asociación Extremeña de Medicina del Trabajo (AEMT) se advierte de que estas estadísticas, tanto en Extremadura como en el resto de España, están lejos de aproximarse al impacto real de estas patologías.

"Hay una infradeclaración muy grande de las enfermedades profesiones, sobre todo del cáncer laboral", afirma Jesús Monterrey, presidente de este colectivo. Un informe elaborado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CCOO (Istas), con la colaboración del Ministerio de Trabajo, cifró en 14.000 los hombres y en 12.100 las mujeres que fallecieron en el 2004 a causa de enfermedades relacionadas con su trabajo. En Extremadura, las muertes fueron 426. Sin embargo, el citado año en España solo se registraron dos decesos por enfermedad profesional. A pesar de que los datos van camino de cumplir una década, Monterrey les sigue concediendo plena vigencia. "Las cifras no han cambiado", asevera.

Las consecuencias de esta situación, recalca, son negativas para los trabajadores y para la definición de políticas públicas en salud laboral, pero además, tienen un coste económico muy elevado para el sistema sanitario público. Por ejemplo, el diagnóstico y tratamiento de un tumor provocado por el desempeño laboral de un paciente lo acaba costeando la sanidad pública en lugar de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (Matepss).

La situación, en general, es mala, pero tampoco lo es de una forma homogénea. Otro estudio, esta vez de UGT, señaló que en el 2009 se declaraba en España una enfermedad laboral por cada 1.270 trabajadores asalariados, pero con una horquilla entre comunidades más que significativa. Si en Navarra la ratio era de una por cada 222 asalariados, en Andalucía y Canarias caía hasta una por cada 3.900. Extremadura no salía bien parada del ranking , con una declaración por cada 2.608 trabajadores. "Aquí está la gran paradoja de las enfermedades profesionales: cuanto más se declaran, mejor se están haciendo las cosas, porque todos coinciden en que estamos muy lejos de acercarnos a las cifras reales", indica Monterrey.

En el caso concreto de Extremadura, el presidente de la AEMT lamenta que "en el Jara --sistema informático del SES-- ni siquiera se pregunta en qué trabaja el paciente, que es algo tan importante como su talla, su peso o su tensión arterial". Este facultativo critica, además, "la desunión" que existe entre los servicios médicos de las empresas, ya sean propios o ajenos, y la sanidad pública.

Entre otras medidas, desde la AEMT se propone la creación de unidades de salud laboral en las diferentes áreas sanitarias de la región o la puesta en marcha de un organismo interdepartamental específico de prevención de riesgos laborales. Monterrey también llama la atención sobre las carencias que existen en materia formativa. Extremadura es a día de hoy la única comunidad autónoma que no cuenta con una unidad docente de medicina del trabajo para la formación de MIR de esta especialidad. Una cuestión más grave aun si se tiene en cuenta que la edad media de estos profesionales en la región supera ya los cincuenta años, por lo que, sin relevo generacional, en el horizonte de una década habrá que empezar a "importar" médicos del trabajo.