Cada vez más matrimonios vienen con fecha de caducidad. Esta es la principal conclusión del informe La ruptura familiar en España, 25 años después , elaborado por el Instituto de Política Familiar y presentado ayer en Madrid.

Según este estudio, la denominada ley del divorcio exprés, aprobada el año pasado, ha "disparado" el número de rupturas, registrándose 166.444 entre julio del 2005 y junio de este año. Aunque Extremadura no se encuentra entre las comunidades con mayor incidencia de este fenómeno, es, junto con Castilla-La Mancha, la región donde más creció el número de casos desde que se aprobó la nueva normativa.

Así, ambas comunidades alcanzan una subida del 18%, seguidas del 10,5% que presenta el grupo de Madrid, Andalucía, Valencia y País Vasco, también muy por encima de la media nacional. En cambio, Canarias, que ostenta el mayor número de rupturas, solo sube un 4,2%.

Futuro incierto

Los datos que maneja el Instituto de Política Familiar confirman, según la propia institución, que antes del 2010, por cada matrimonio que se produzca se romperá otro. La diferencia entre enlaces y divorcios, explican los responsables del estudio, se ha ido reduciendo hasta solo 59.870 en el 2005, pasando de una tasa de doce matrimonios por ruptura en 1981 a únicamente 1,5 matrimonios el año pasado.

De hecho, a pesar de que Extremadura es, junto con las dos Castillas, una de las comunidades en las que la diferencia entre rupturas y enlaces es mayor, por cada dos bodas hay un divorcio. Por otro lado, la duración de los matrimonios extremeños que se rompen está por encima de la media nacional (13,8 años), mientras que una de cada cuatro rupturas corresponde a parejas con más de 20 años convivencia.

No obstante, la región se sitúa lejos de las cifras más preocupantes que presentan otras comunidades como Cataluña, que suma una de cada cinco rupturas españolas. Como dato curioso, cabe destacar que las zonas de costa registran más divorcios que el interior y, de hecho, en Canarias y Baleares ya hay más rupturas que enlaces.

Para Eduardo Hertfelder, presidente del Instituto de la Política Familiar en España, "el divorcio se ha convertido en el principal problema de las familias españolas". Sus consecuencias, denuncia, afectan directamente a más de 525.000 personas cada año (300.000 padres y más de 225.000 hijos).