Un tercio de la plantilla de Carcesa pende de un hilo. Los administradores concursales de la industria cárnica, una de las empresas de la familia Ruiz-Mateos que entró en concurso de acreedores en marzo pasado, presentaron ayer ante el Juzgado de lo Mercantil de Badajoz un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 94 trabajadores. En declaraciones a Efe, la presidenta del Comité de Empresa, Rosario Riñones, ha concretado que el ERE incluye la extinción de 63 contratos de trabajadores fijos discontinuos y de otros 31 fijos de plantilla de los tres centros que Carcesa tiene en Extremadura: Montijo, Don Benito y Mérida. Por su parte, fuentes próximas a la administración concursal informaron a Europa Press de que el expediente está empezando su tramitación, por lo que aún es prematuro detallar el número de trabajadores que finalmente puede quedar incluido en las medidas de regulación de empleo. Ante esta situación, Domingo Fernández, presidente de Acopaex, cooperativa que (junto la empresa pública Avante) ha inyectado dinero para comprar materias primas y dar viabilidad a la producción, indicó que hay que tener en cuenta que esos trabajadores fijos discontinuos trabajan solo cuando se les necesita y que de la treintena de fijos que pueden estar afectados, la mitad están en un proceso de prejubilación, pero insistió en que son los administradores judiciales los que pueden decidir sobre la plantilla, no ellos.

En todo caso, Riñones aseguró que la medida no supondrá el cierre de ninguno de los tres centros de producción, sino que los despidos se distribuyen entre las plantas de producción, en función de si predominan los trabajadores fijos discontinuos o fijos de plantilla. Sin embargo, reiteró que los empleados "rechazan totalmente" el ERE presentado ayer por los administradores concursales, si bien se ha mostrado partidaria de estudiar toda la documentación que hoy se ha presentado para realizar un análisis más pormenorizado.

Asimismo, aboga por iniciar un diálogo con los administradores concursales para propiciar que el ERE no suponga la destrucción de un tercio de los 300 puestos de trabajo de Carcesa. Por ello, apuesta por las prejubilaciones o un expediente de regulación de empleo temporal para que no produzcan despidos traumáticos o definitivos.

En este sentido, esas fuente próximas a la administración concursal han aclarado que previsiblemente se podrá aplicar un ERE de extinción para algunos trabajadores, en parte mediante prejubilaciones, y otro temporal a la vez para empleados fijos discontinuos, dado que "la Seguridad Social ha aceptado que a los fijos discontinuos se les considere parte de la empresa" para que puedan estar sujetos a un ERE temporal. Así, esperan conocer la propuesta de los representantes de los trabajadores para determinar el número de trabajadores que finalmente estarán afectados.

HAY DINERO Y MATERIAS Esta situación no debe alarmar a todo lo que supone el futuro de Carcesa, ya que "no le faltan materias primas ni dinero", señalo ayer Domingo Fernández. El responsable de Acopaex, cooperativa que tiene el 51% de las acciones de la empresa y una opción preferente de compra si a partir del 1 de octubre le satisfacen los datos que les presenten los administradores judiciales, insiste en que "la fábrica está funcionando a ritmo de que hay que ir vendiendo, está a un 50% de su capacidad de producción cuando hace un mes estaban al 15%".

Respecto a la situación de la plantilla y este ERE, comentó que es algo que le corresponde a los administradores, porque "nuestro compromiso fue aportar dinero y materias primas, y lo estamos haciendo".