La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, opta hoy por la "despolitización" de la Justicia, una mayor "celeridad" en la resolución de los procesos judiciales, especialmente en los casos de corrupción política, y la "unidad" del sistema judicial con la devolución de las competencias al Estado.

Aguirre se expresa así durante su ponencia inaugural en la jornada El futuro de la Justicia, la Justicia del futuro, que se celebra hoy en la Escuela de Administración Pública de Mérida.

Tras señalar que la mejora del funcionamiento del sistema judicial es una "palanca fundamental" para impulsar la recuperación económica, Aguirre critica que la Justicia española presenta un "déficit de independencia" y que la politización del sistema judicial ha sido una "constante" desde la aprobación en 1985 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, impulsada por los socialistas.

Una ley que, a su juicio, supuso la "muerte" de la división de poderes acuñada por Montesquieu y que consiguió un año más tarde el "reprendo" del Tribunal Constitucional (TC), órgano formado por algunos magistrados pero, sobre todo, "catedráticos, juristas y afines a partidos políticos" que se ha ganado la "desconfianza de los ciudadanos en sus años de existencia".

Ante esto, apuesta por revisar los mecanismos de acceso a la judicatura y dejar en manos de los propios jueces la organización del sistema para alcanzar "la independencia que le es inherente", puesto que, lamenta, "España ocupa el puesto 60 del ránking mundial de la independencia judicial".

La dirigente popular considera que erradicar la politización de la Justicia sería "una magnífica vacuna para acabar con la corrupción", puesto que "no puede ser que las resoluciones de los tribunales, con el Superior a la cabeza, sean siempre previsibles".

"Es intolerable que las resoluciones judiciales tarden décadas", destaca también Aguirre, para quien es "especialmente grave" en los casos de corrupción política, en los que pide mayor "celeridad" para que "políticos honrados no se vean en la picota durante años" y que, para cuando se dicte sentencia, ya los haya condenado la opinión pública y que en el caso de los culpables "nadie se acuerde de sus delitos quince años más tarde".

Como ejemplo de la "lentitud" de la Justicia, cita el caso Pallerols, ligado a la financiación ilegal de UDC, que ha tardado 14 años en juzgarse, el caso Filesa durante el Gobierno socialista de Felipe González, que ha tardado 15 años y todavía queda "una pieza separada" del mismo, y el caso Gürtel que se inició la instrucción en 2009 y estando "en 2013 todavía no lleva camino de cerrarse".

También menciona el caso Palau, el "gravísimo" caso Faisán y el de Iñaki Urdangarín, en el que opina que "por el bien de las instituciones sería bueno que se hiciera justicia cuanto antes".

Aguirre, que estima "inexcusables" las reformas en el sistema , achaca esta demora en la existencia de un sistema "garantista" procedente de una dictadura y en que el cumplimiento de los plazos por los propios jueces "no es estricto".

Finalmente, la dirigente popular defiende la "unidad" del sistema judicial ya que cree que devolver al Estado las competencias en materia de Justicia sería "un paso positivo" a la hora de mejorar el funcionamiento del sistema.

En este sentido, indica el reparto de competencias en personal de distinto categoría profesional y que cada comunidad autónoma cuenta con un sistema informático con lo que "no hay garantía de que sean compatibles" para intercambiar datos.

Las jornadas han contado también con la intervención del presidente del Parlamento extremeño, Fernando Manzano, y Pedro Tomás Nevado-Batalla Moreno, consejero de Administración Pública de la Junta, institución organizadora de la jornada en colaboración con la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria.