Dar marcha atrás en un proceso de integración financiero es de todo menos fácil. El Banco de España y el Gobierno han puesto en los últimos años todo su interés en que las entidades ganen tamaño y capacidad y, por eso mismo, han hecho que la normativa dificulte enormemente romper estas integraciones. Desde el regulador bancario se explicaba ayer que, a menos que haya "incumplimientos flagrantes" por parte de uno de los socios, es "muy difícil" salirse de ellas.

El decreto que regula el régimen de los sistemas institucionales de protección (SIP) --la forma jurídica del Grupo Cooperativo Ibérico-- obliga a que las entidades permanezcan unidas en ellos un mínimo de diez años, debiendo comunicar con al menos dos de antelación --una vez transcurrido el plazo-- su deseo de abandonarlo. No solo eso, "adicionalmente, el acuerdo deberá incluir un régimen de penalizaciones por baja que refuerce la permanencia y estabilidad de las entidades en el sistema institucional de protección". En la práctica, esto hace el arrepentimiento casi inviable.

De hecho, esta no es la primera vez que se habla de la posibilidad de romper un proceso de integración financiera estando una entidad extremeña de por medio. A finales de junio del 2011, el Partido Popular, justo antes de hacerse cargo de la Administración autonómica, trató de paralizar la integración de Caja Extremadura en Liberbank. La razón para intentarlo que se arguyó entonces era la misma que ahora: evitar una absorción "pura y dura", dijeron los populares . La tentativa no llegó a nada, entre otras cosas, por las fuertes penalizaciones que hubiera tenido que soportar la que era mayor entidad de crédito extremeña. También el presidente de Caja Badajoz, Francisco García Peña, explicó recientemente que en enero del 2011 se barajó abandonar Caja3 tras conocer, a través de sendas actas de inspección del Banco de España, que la situación de sus dos socias, Caja Inmaculada y Cajacírculo de Burgos, era peor de lo que se creía. La amenaza de una fuerte sanción hizo también descartar esta alternativa.

Los SIP, también conocidos como fusiones virtuales o frías, son un mecanismo de apoyo y defensa mutuo entre entidades, cuyo objetivo primordial es el de garantizar la liquidez y la solvencia de todos sus miembros. Además, les permiten reducir costes compartiendo servicios. Los socios, no obstante, pueden mantener su identidad y personalidad jurídica, salvando así tanto la marca como parte de su capacidad de decisión individual. Por contra, si la fusión es clásica , como ahora se propone, tras la operación solo quedará una entidad resultante.

En los últimos meses

En cualquier caso, hasta hace unos pocos meses nada parecía ir mal en el Grupo Cooperativo Ibérico. "Es un coche que ya tiene hecho el rodaje y cada vez anda mejor", aseguraba a mediados del pasado año el entonces presidente de Caja Rural, Florencio Torres, que presentó su dimisión poco tiempo después. Precisamente, fuentes cercanas a Caja Rural de Extremadura apuntaron ayer que una de las causas principales de su salida fue la mala sintonía con los gestores de la entidad andaluza y la "falta de apoyos" para hacerles frente.

De esta forma, habría sido en los últimos meses cuando se habría planteado abiertamente "la absorción sí o sí" de la caja extremeña, incidieron las mencionadas fuentes, que consideraron, además, que Caja Rural del Sur habría incurrido en "importantes incumplimientos" del acuerdo de integración --si bien no se precisó de qué tipo-- lo que podría abrir una vía de escape.

Con todo, los desencuentros se habrían producido, además, en otros frentes. Uno de ellos es la no ubicación en la región de una oficina para centralizar los aspectos relativos a los pagos de la Política Agrícola Común (PAC) y los seguros agrarios, cuestiones ambas fundamentales para una caja rural y en las que la caja extremeña "es más eficiente". También se habrían producido desavenencias en las políticas de crédito: "Esto es una entidad agro , de pequeña empresa, no un banco de inversión", razonaron.

"Se han dado cuenta tarde de lo que podía ocurrir. La marca se ha mantenido, pero todo el control y la gestión se llevan desde Sevilla", lamentó ayer Juan Murillo, secretario general de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO de Extremadura, que añadió que "ya en los primeros meses --tras la constitución del SIP-- se desmanteló toda la anterior cúpula directiva de Caja Rural de Extremadura". Murillo señaló, además, que la integración ha supuesto también "mayor tensión y presión para los trabajadores", aunque reconoció que es complicado que ahora se pueda deshacer el camino andado. "El Banco de España ha auspiciado todos estos procesos de integración y dio su bendición a este. Resulta complicado pensar que vaya a permitir la ruptura de éste una vez tan avanzado", argumentó.

Por su parte, Rafael Cañete, vicesecretario general de la Federación de Servicios de UGT Extremadura, subrayó la conveniencia de que el próximo día 5 de marzo la Asamblea de Caja Rural de Extremadura elija un "presidente contrario a la fusión", al tiempo que también coincidió en que es "complicado" romper el SIP. "Los servicios centrales han desaparecido total y absolutamente", criticó Cañete, que resaltó que las condiciones de trabajo de los empleados han empeorado sensiblemente". "Desde que se constituyó el SIP se han perdido bastantes puestos de trabajo. Queremos una gestión propia para que no se destruyan más", remachó.