La instrucción judicial del mayor fraude del IVA conocido en Extremadura, --por importe de 45 millones de euros, que destapó la Agencia Tributaria en el 2002 y en el que el fiscal acusa a 9 personas--, continúa sus trámites en el Juzgado de Olivenza, donde el Abogado del Estado ha presentado una solicitud para que se practiquen nuevas diligencias probatorias, según fuentes judiciales.
La petición del Abogado del Estado se produce cuando se esperaban sus conclusiones provisionales. Una vez que en julio pasado lo hizo el fiscal, tocaba por turno, a la Abogacía del Estado y a la defensa, pero este trámite será posterior a que se practiquen las nuevas diligencias, cuyo contenido no ha trascendido.
En las conclusiones del fiscal, que acusa a Juan Díaz García, Andrés Cano Rodríguez, Juan José López Asensio, Juan Delgado Pulgar, Luis Parra Pérez, Gabriel Manuel Sicilia, Vicente Espejo Fernández, Joaquín Tafur Fernández y Natalia Soldevilla de haber defraudado 45 millones de euros mediante operaciones a través de una red de empresas informáticas que actuaban en España y en Portugal emitiendo facturas falsas del IVA entre 1997 y 2001. Se trata del que, según la Agencia Tributaria, sería el mayor fraude económico cometido en Extremadura.
El ministerio público acusa a las citadas personas de diferentes delitos pero no a todas de los mismos, entre otros, de siete delitos contra la Hacienda Pública por los artículos 305 y 305.1, por los que solicita en total 36 años de prisión y 310 millones de euros en concepto de multas y responsabilidad civil.
Juan Díaz, al que el fiscal involucra en casi todas las actuaciones que narra en su correlato de hechos, manifestó a EL PERIODICO él no es dueño ni inversor de ninguna de las empresas españolas, negó cualquier responsabilidad en el caso y que él debiera pagar el IVA por sus operaciones en Portugal, así como pide al juez un careo.
