El Instituto Nacional de la Seguridad Social pagó más de ocho millones de euros en prestaciones a parados y pensionistas extremeños que no cumplían los requisitos para tener ninguna prestación pública. Fueron cobros indebidos y por eso el Estado tiene que reclamar su devolución. Así lo pone de manifiesto un informe publicado por el Tribunal de Cuentas sobre el control de los deudores de prestaciones con datos relativos al 31 de diciembre del 2014.

El órgano señala que una prestación indebidamente percibida "consiste en la percepción de aquella tras extinguirse o modificarse el derecho a su cobro por causas múltiples, siendo la principal la revalorización de pensiones con concurrencia y complemento por mínimos". Los cambios en la situación personal del beneficiario (edad, edad de los hijos, ingresos generados,...), sentencias judiciales o incompatibilidad de las prestaciones económicas percibidas pueden ser otros motivos que supongan la devolución.

A petición del Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Empleo elabora todos los años un inventario con las cantidades cobradas indebidamente que tiene pendiente de devolución. En el conjunto del país los pagos indebidos superan los 328 millones de euros. En el caso de Extremadura, la provincia de Badajoz está entre las quince del país con más fraude: 5,2 millones, el 1,6% del total nacional. En la provincia de Cáceres supone el 1% del montante total de España cobrado indebidamente: casi 3,1 millones de euros.

PENSIONES La mayoría de estos pagos que nunca se debían haber realizado corresponden a pensionistas que no cumplían las condiciones para recibir tales cantidades. Pero además, el informe incluye un anexo con los deudores por prestaciones del síndrome tóxico --aquellas que se pagan a las víctimas de la trama del aceite de colza que se vendían para consumo humano--. Con el conjunto de los expedientes abiertos en el países se adeudan 928.000 euros entre los que se encuentran 20.000 euros en Extremadura: 15.000 euros han sido cobrados indebidamente en la provincia de Badajoz y otros 5.000 euros en de Cáceres.

Sobre los cobros indebidos por parte de pensionistas y desempleados, ni el informe ni el ministerio (consultado por este diario) señalan el número de expedientes abiertos, solo el saldo. Detectada la deuda con el sistema, la administración envía un escrito al interesado comunicándole el importe del cobro indebido. Una vez recibida la carta, el beneficiario tiene un plazo de quince días para formular alegaciones y existe un plazo de tres meses para resolver el expediente. Si en ese tiempo la administración no ha dictado una resolución definitiva y se la ha comunicado al interesado se entiende que el procedimiento ha caducado y el cobro indebido ya no puede ser reclamado.

200 CASOS PRESCRITOS Esta última situación se ha dado en 233 expedientes en todo el país, por lo que las arcas públicas han dejado de ingresar más de más de diez millones de euros que en su día pagó de más. En el caso de Extremadura hay solo dos casos, según el informe del Tribunal de Cuentas. Los dos expedientes prescritos en la región suman un importe de 21.000 euros --el 0,21% del total nacional-- que ya no tienen que ser devueltos pese a haber sido abonados indebidamente.

Precisamente los retrasos en la reclamación de los pagos, lo que provocó la prescripción de algunas de las deudas, es una de las deficiencias que el Tribunal de Cuentas aprecia en el sistema de la Seguridad Social. El pasado otoño ya alertó de falta de control en las prestaciones del Servicio Estatal Público de Empleo (Sepe) y encargó el informe de fiscalización cuyos resultados acaban de ser publicados. En él realiza varias recomendaciones para mejorar el sistema y solventar sus "deficiencias".