La regulación de las clínicas dentales existentes en la región ha provocado un enfrentamiento entre los colegios de Protésicos y Odontólogos de Extremadura. El desencadenante de este conflicto colegial ha sido la denuncia hecha pública ayer por el primero, que asegura que más del 70% de estos centros "son ilegales".
Basan esta afirmación en el hecho de que carecen de las autorizaciones administrativas que exige la legislación vigente, tanto para su apertura como para su puesta en funcionamiento. Por su parte, el presidente del Colegio de Odontólogos, Juan Carlos Fernández de Ateca, aseguró ayer a EL PERIODICO que esta denuncia "es una absoluta falacia", y anunció que iniciarán todas las acciones legales oportunas contra los responsables de "estas falsas declaraciones".
Los protésicos afirman que la mayoría de las clínicas no cumplen todos los requisitos necesarios, mientras que el presidente de los odontólogos defiende a su colegiados, afirmando que todos están trabajando "desde la más estricta legalidad".
Ven en la actuación de los denunciantes "una agresión sin sentido, que no busca más que desprestigiar por desprestigiar", señaló Fernández de Ateca.
OTROS IMPLICADOS Los ataques del Colegio de Protésicos alcanzan también a la Consejería de Sanidad y Consumo, a la que acusan de "permanecer impasibles" ante esta "situación alarmante y anómala", de la que aseguran es consciente. De hecho, los datos que han motivado su denuncia los obtuvieron de la propia consejería, a la que demandaron información ante "la sospecha de esta situación".
En su opinión, Sanidad "es cómplice por omisión", pues ante las denuncias "se limita a argumentar falta de medios e inspectores para controlar".
