La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha estimado el recurso de apelación de Izquierda Unida respecto a una denuncia presentada ante el Juzgado de Villafranca, que fue archivada, y en la que la coalición aseguraba que se había producido un delito contra los derechos civiles de las personas, impidiendo que se desarrollara con normalidad un acto de protesta contra el proyecto de refinería del Grupo Gallardo.
IU denunciaba el desvío de tráfico que llevaron a cabo agentes de la Guardia Civil para evitar un corte en la A-66 que programó esta formación política el pasado año, cuyo objetivo, asegura, era protestar para informar a los conductores sobre la posible refinería que pretende construir el Grupo Gallardo en la zona de Tierra de Barros.
Según informó ayer el concejal de Izquierda Unida, Angel García Calle, la Audiencia Provincial ha estimado el recurso de apelación que él presentó después de que el Juzgado de Villafranca archivara la denuncia.
De esta forma, la Audiencia Provincial recoge textualmente "que no le falta razón al recurrente cuando afirma que el desvío que se llevó a cabo el día de la manifestación, si es que de verdad era obligatorio, puede suponer si no un impedimento, sí al menos la obstaculización del ejercicio del derecho a manifestarse o lo que es incluso más relevante, del derecho de los manifestantes a hacer llegar su protesta o su información a los conductores que pasaban por el lugar de la manifestación".
García Calle incidió en que si el desvío fue obligatorio "podría haber un delito contra los derechos civiles de las personas". Por otra parte, la Audiencia ha ordenado que se tome declaración a los guardias civiles que regularon el tráfico en la zona.
