El estudio sobre la Equidad en la prestación de los servicios públicos fundamentales en España; Balanzas de Accesibilidad en Educación y Sanidad, realizado por un equipo de investigación de la Universidad de Extremadura gracias a un convenio con la Administración autonómica, afirma que la región, junto con Castilla-La Mancha y Castilla y León, tiene un "importante déficit" en la facilidad de acceso a asistencias educativas y sanitarias.
Según la agencia Europa Press, la justificación de este estudio encuentra "su raíz" en el principio constitucional que garantiza esta igualdad de acceso, la cual, según el director de la investigación, Luis Regino Murillo, "muchas veces se tiende a asimilar con una distribución ecualitaria de las infraestructuras en términos per cápita" de cada territorio y que, sin embargo, según se constata en este estudio, "no es así".
Murillo subraya que ,por ejemplo, en el ámbito sanitario "no son iguales los recursos necesarios para atender a una población de un millón de personas situada en una única ciudad con 400 kilómetros cuadrados", a lo que se necesitan para auxiliar "a esa misma población distribuida en 400 municipios y 40.000 kilómetros cuadrados como podría ser el caso de Extremadura".
En cuanto a la metodología, Murillo señala que se ha desarrollado un sistema de información geográfica específico que sirve para localizar geográficamente todos los centros educativos y sanitarios de España y calcular después el tiempo de acceso de los ciudadanos a estas infraestructuras.
A modo de ejemplo, indica que a nivel nacional, por término medio, aproximadamente el 3,5 de la población se encuentra a más de 30 minutos de su hospital de referencia. Sin embargo, en comunidades como Castilla-La Mancha o Castilla y León, esos porcentajes se encuentran entre el 15 y el 18 por ciento.
Además, añade que la excedencia estaría en la población situada a menos de diez minutos de su hospital de referencia. Al respecto, apuntó que en el caso de Castilla-La Mancha, Castilla y León o Extremadura, en torno al 40 ó 50 por ciento de la población se encuentra "a menos de diez minutos", mientras que en Cataluña, País Vasco o Madrid, "nueve de cada diez ciudadanos se encuentra a menos de esos diez minutos".
Por tanto, resalta que "estas diferencias ponen de manifiesto los importantes déficit de accesibilidad" que existen en determinadas comunidades españolas, los cuales "deberían tener una importante repercusión" en lo referente "a la financiación que hace falta para hacer frente" a las diferentes necesidades.
1.600 millones
Por todo ello y a juicio de Murillo, si Extremadura quisiera igualarse "en términos de bienestar" a las condiciones de accesibilidad existentes en la media nacional, la región "debería recibir recursos adicionales por valor de 1.600 millones de euros adicionales a los que viene recibiendo". "Esto pone de manifiesto la importancia del problema causado por la prominencia que ha tenido el factor poblacional en los diversos modelos de financiación" desarrollados a lo largo de los últimos años, un problema que no ha sido "corregido" de forma "adecuada por otras consideraciones como podrían ser la dispersión o la accesibilidad".
Por otro lado, el mismo equipo de investigación de la Universidad de Extremadura realiza un estudio sobre las balanzas ambientales cuyo objetivo principal fue evaluar la evolución experimentada por los gases de efecto invernadero en España, tanto desde una perspectiva temporal, como desde su distribución por comunidades autónomas, "prestando especial interés" por determinar la contribución de cada comunidad a la calidad ambiental del conjunto nacional.
De esta forma, el director de la investigación señala que este estudio se justifica en "la problemática del cambio climático", el cual "tiene efectos, no solamente en los niveles de contaminación sino en la propia eficiencia del desarrollo económico de las regiones y los países".
En este sentido, el consejero de Administración Pública y Hacienda, Ángel Franco, explica que estos 1.600 millones reflejan las desigualdades entre las comunidades autónomas, aunque no será utilizada por el Ejecutivo autonómico en el próximo Consejo de Política Fiscal para reclamar una mayor financiación.
Sin embargo, Franco indica que la crisis y la "pandemia económica" hacen inviable reclamar la cifra de 1.600 millones de euros. Este dinero, según el consejero, permitiría construir y equipar los centros escolares y sanitarios extremeños con los del resto de España.
