Dos años es el plazo dado por la UE a España para liberalizar el sector de las farmacias. De ejecutarse la decisión, desaparecerían las condiciones actuales para montar una botica y cualquiera que pudiese pagar una licencia --farmacéutico o no-- podría abrir una tienda para vender medicamentos. De este modo, la ley extremeña de farmacia, cuyo proyecto está ya en la Asamblea para su tramitación y supondrá un importante recorte en el número de boticas que puede acoger la región, sería papel mojado a los pocos meses de ser aprobada.
El secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, Víctor García, alerta sobre los riesgos de esta imposición y apunta: "Los que defendemos el modelo mediterráneo de farmacia confiamos en que Bruselas revise los criterios". Según indicó, la consideración de la farmacia como establecimiento sanitario de interés público sometido a autorización "ha posibilitado que muchos pueblos de España, a las 10 de la noche, el único agente de salud que hay sea un farmacéutico, que es un profesional sanitario de primer nivel".
El criterio de la UE haría desaparecer la red actual del Sistema Nacional de Salud, "y la farmacia sería igual que cualquier otro establecimiento mercantil". El panorama que se abriría pasa porque los medicamentos se vendiesen en las cadenas de alimentación, "que controlarían los precios y venderían los medicamentos de mucho consumo a bajo precio, pero donde sería más complicado encontrar fármacos para las enfermedades poco comunes, y el ciudadano tendría que ir a comprarlos a los grandes núcleos urbanos". En cambio, el sistema actual "garantiza que cualquier medicamento está en cualquier punto de la región en un plazo de 12 a 24 horas". Además, al no ser obligatorio contar con un farmacéutico, "desaparecería la figura del profesional a quien pedirle consejo".
La normativa comunitaria también chocaría con la futura legislación autonómica, que prevé cerrar el mapa de farmacias de la región en algo menos de 600, a pesar de que actualmente hay 678.
Criterios mercantiles
Otro aspecto es que los almacenes de distribución terminarían cayendo en manos de distribuidores, que se regirían por criterios "meramente de obtención del máximo beneficio". Asimismo, sería muy complicado mantener el sistema de guardias nocturnas en zonas con poco habitadas, "porque no resultaría rentable".
Frente a esto, el Ministerio de Sanidad, en coordinación con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacia, ha diseñado una estrategia respaldada por las comunidades autónomas y los propios laboratorios. La estrategia pasa por demostrar a Bruselas "que el modelo mediterráneo, el de España, Grecia e Italia (en Portugal existe una liberalización a medias) permite contar con una red de salud de altísima calidad y además es un modelo cultural con hondas raíces y que forma parte de las señas de identidad". Aquí se apelaría a que la UE puede marcar directrices, pero no imponer modelos específicos, "porque nosotros sabemos mejor que nadie qué necesitamos".
Del mismo modo, se trataría de demostrar a la UE que se debe "implantar el modelo mediterráneo en toda la UE, y no al revés, ya que se trata de una red que funciona como red de salud comunitaria sin parangón en todo el mundo, y no tiene sentido destruirla, sino promoverla".
La batalla está abierta y Víctor García señala que es una lucha donde no se pueden negociar rebajas ni modelos intermedios. "Si abrimos el melón de una liberalización a medias en un sistema que funciona, no sabemos a dónde nos puede conducir, y por eso la intención es no modificarlo. En todo caso adaptarlo a los tiempos", explicó.
