Las actividades y eventos de más de 500 personas que se celebren en Extremadura necesitarán una autorización especial de la Junta y su promotor deberá presentar a Sanidad un informe de riesgo. Se trata de una de las medidas incluidas en el pacto que han cerrado el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para frenar los brotes de coronavirus, que también incluye otras restricciones como la prohibición de fumar en la calle si no hay una distancia de al menos 1,5 metros y el cierre del ocio nocturno.

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha explicado este jueves en rueda de prensa algunas aclaraciones respecto a esta normativa, que en Extremadura entró en vigor el martes tras la publicación de la correspondiente resolución en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). Una resolución que ha sido muy criticada por la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (Creex), que considera que se trata de un “copia-pega” del acuerdo anunciado por el ministerio sin tener en cuenta la realidad de la región.

Vergeles ha explicado que en estos días se está trabajando con la Creex para subsanar estas cuestiones, que quedarán reflejadas en el texto tras su convalidación por el Consejo de Gobierno. Así, ha explicado que se está estudiando al detalle qué tipo de locales de ocio son los que tienen que cerrar y cuáles podrán permanecer abiertos hasta la una de la madrugada. En el caso de los eventos multitudinarios, que deben contar con la autorización de Sanidad, ha detallado que en Extremadura se definirán como aquellos en los que participen más de 500 personas. De esta forma, las bodas quedan excluidas, si bien el consejero ha recordado que, en el caso de los banquetes, las mesas deberán estar separadas por 1,5 metros y en ningún caso podrán sentarse más de 10 personas juntas. De igual forma, no se podrá celebrar baile, aunque sí se pueden tomar copas en las mesas. En todos los casos el evento debe finalizar a la 01.00.

En cuanto a las residencias (el acuerdo nacional limita las visitas a una por persona y establece la obligación de hacer PCR a los nuevos residentes y los trabajadores que se incorporen), ha avanzado que se está estudiando la posibilidad de ampliar las visitas en los centros en los que no haya casos activos ni brotes abiertos.